El Consejo de Ministros materializó ayer el acuerdo entre el Gobierno y el PSOE al fijar una subida del 8 por ciento para el salario mínimo interprofesional (SIM). Los perceptores de esta retribución básica cobrarán a partir de enero próximo 707 euros al mes, 52 más que ahora. Para el resto de la legislatura, el Ejecutivo anticipa que aceptará la cuantía que fijen los agentes sociales a través de la negociación, siempre que lleguen a un acuerdo antes del mes de noviembre de cada ejercicio.
El incremento del SIM -el mayor en treinta años, si se exceptúa la doble subida de 2004, tras la llegada de Zapatero al Gobierno- fue la contrapartida principal que los socialistas impusieron para aceptar que el margen de déficit de las administraciones autonómicas quedara en el 0'6 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB). La valoración política del acuerdo oscilaba ayer entre el calificativo socialista de "gran éxito" y "la subida descafeinada" o las "migajas" que para Podemos constituyen una actualización del salario mínimo muy alejada de la que toda la oposición respaldó en el Congreso.
"Creo que se ha hecho justicia después de tantos años sin subida", sostuvo ayer el portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez. El hombre que da la cara por la dirección interina de los socialistas consiguió ayer conciliar términos en apariencia contradictorios. La subida del salario mínimo es "un gran éxito" en lo político, pero resulta "insuficiente", según Jiménez.
La quiebra interna del partido alimenta lectura dispares. En fuentes del entorno del ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, citadas por Europa Press, el acuerdo con el PP muestra que existe "una coalición no declarada". Incluso compartiendo la satisfacción por el aumento del SIM, la fuentes sanchistas mencionadas critican que el incremento es "poco ambicioso" y dista mucho de las propuestas electorales del partido.
En el ámbito sindical, UGT y CC OO reconocen que la subida del 8 por ciento es un avance, pero insuficiente. El incremento no permitirá, según las centrales, acercarse al entorno de los 1.000 euros que proponen alcanzar al término de la legislatura, cuantía equivalente al 60 por ciento del salario medio neto recomendado por la Carta Social Europea (CSE), suscrita por España.
El secretario de Acción Sindical de CC OO, Ramón Górriz. considera el acuerdo entre socialistas y populares "una puñalada" al diálogo social.
La patronal atribuye el salto del salario mínimo a los efectos del contexto político en que se gestó, con el Gobierno necesitado de apoyos para definir el límite de gasto, como paso previo a la negociación de los presupuestos generales para el próximo año. Por esta circunstancia, la CEOE advierte que la subida del SIM no puede servir de referencia para otras revisiones salariales, cuyo incremento debe mantenerse en el entorno del 1'02 por ciento de aumento medio que se viene registrando en los convenios colectivos negociados este año. La patronal defiende casi por norma que los incrementos pronunciados del SMI pueden frenar la creación de empleo y propiciar un efecto contagio en la negociación colectiva, con riesgos alcistas para la inflación.
Para lo que resta de legislatura, el Gobierno se muestra dispuesto a asumir de forma vinculante el salario mínimo que pacten patronal y sindicatos a través de la negociación. El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, anunció ayer que a partir de 2018 los interlocutores sociales fijarán el SMI y el Gobierno lo aprobará sin reparos, siempre que se presente antes del 15 de noviembre de cada año. De no alcanzarse una cuantía consensuada, algo previsible en un asunto en el que históricamente los agentes sociales mantienen posturas enfrentadas, el Gobierno tomará la decisión de fijar la retribución básica tras escuchar las propuestas que por separado puedan hacer patronal y sindicatos.
