La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de Barcelona en Comú (BComú), vio ayer cómo el Pleno tumbaba su propuesta de presupuestos, así que, sabedora de que es prácticamente imposible que los grupos que rechazan sus cuentas alcancen un acuerdo para derribarla con una moción de censura, convocó una cuestión de confianza para conseguir aprobar automáticamente su programa económico.

En una votación nominal, los 26 ediles de la oposición, que suman mayoría, rechazaron los presupuestos de Colau para 2017, mientras que los 15 del gobierno de BComú-PSC votaron a favor.

"La ciudad necesita presupuestos. La única opción que queda es la cuestión de confianza, sencillamente no hay otra", dijo Colau, que acusó a los grupos de la oposición de no poner "los objetivos de ciudad por delante de los intereses de partido".

"Será la ciudadanía la que nos juzgue el día que lleguen elecciones", advirtió la regidora, que insistió en que "para políticas de fondo -como los económica- la ciudadanía espera que nos pongamos de acuerdo".

Colau fue especialmente crítica con ERC y la CUP, que apoyaron su investidura, de la situación de "bloqueo". "No se entiende" que ERC y CUP lleguen a acuerdos sobre los presupuestos de la Generalitat, "donde gobierna la derecha" y, en cambio, "aquí no", expuso la regidora.

Los presidentes de los dos grupos de izquierda en la oposición, Alfred Bosch (ERC) y María José Lecha (CUP-Capgirem), justificaron su rechazo a las cuentas por la falta de confianza en el equipo de gobierno de BComú y PSC, que ha "incumplido" los acuerdos a los que ha ido llegando con ambas fuerzas independentistas.

Los tres ediles de la CUP rompieron otras tantas fotos del Rey durante el Pleno, mientras proponían pedir la dimisión del consejero de Interior, Jordi Jané, porque los Mossos d'Esquadra detuvieran por orden judicial a cinco personas por quemar fotos del monarca en la última Diada.

Las abstenciones de BComú y ERC -que se ausentó en la votación- y el rechazo de CiU, C's, PP y PSC impidieron que prosperara la propuesta de la CUP, que pedía también no reconocer la autoridad de los tribunales españoles.