La oposición reclama destituir a Trillo como responsable del accidente del "Yak"

El Consejo de Estado se pronuncia a instancias de 291 familiares de 55 de los fallecidos, que reclamaron la responsabilidad patrimonial de la administración por el accidente. El dictamen reconoce que las que fueron identificadas como causas del siniestro -deficiencias del aparato por mala conservación, cansancio de los pilotos después de 22 horas de vuelo, entre otras- pudieron advertirse con antelación para adoptar "medidas que pudieran haber despejado el riesgo que se corría". Frente a la tesis de que la responsabilidad del siniestro hay que atribuirla a la agencia de la OTAN con la que Defensa había acordado delegar la gestión de los transportes de tropas, el Consejo de Estado considera que el procedimiento exigía al Ministerio inspeccionar la actividad de sus contratistas. El Consejo de Estado valora, a tenor de las pruebas judiciales, que la tripulación ucraniana carecía de la formación suficiente para enfrentarse a la dificultad de aterrizar en el aeropuerto de Trebisonda, una zona de complicada orografía. Antes del accidente hubo advertencias muy claras. El órgano asesor del Gobierno cita un informe previo de un teniente coronel de Infantería en el que advertía de que "se están corriendo graves riesgos" al transportar personal militar en aviones de carga de la antigua URSS, con un mantenimiento "muy dudoso". El Consejo de Estado se apoya también en el testimonio de un capitán noruego que pilotó previamente el mismo avión y que informó haber realizado el viaje "muerto de miedo al volar en aquella chatarra". El dictamen descarta, sin embargo, la posibilidad de que los familiares de víctimas que acudieron a la vía civil para ser indemnizados puedan serlo una segunda vez a través de la responsabilidad patrimonial imputada al Estado.

Tras el siniestro, la indignación de los familiares se disparó al conocer que la identificación de los fallecidos se hizo de forma apresurada e incorrecta para repatriar los cadáveres lo antes posible. Todas esas circunstancias volvieron ayer al centro de la política con la exigencia de que Federico Trillo deje de ser embajador en Londres. El PSOE reclama su destitución "fulminante" en su condición de ministro de Defensa cuando ocurrieron los hechos. "Un Gobierno a la altura de su gente no puede mantener a Trillo como embajador tras el informe del Consejo de Estado", argumenta el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. En la misma línea, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, considera que Trillo "debe dimitir inmediatamente como embajador en Londres y el PP debe forzarle a ello".

Mariano Rajoy descarta que eso vaya a producirse. En Galicia, de vacaciones navideñas, el presidente del Gobierno se mostraba ajeno a todo. "¿Han sacado un dictamen sobre esto? No lo he visto. Pero yo creo que eso ya está sustanciado judicialmente lo que había que sustanciar, ¿no?", respondió al ser preguntado por la resolución del Consejo de Estado. Es un suceso que "ocurrió hace muchísimos años", remató Rajoy.

José Bono, sustituto de Trillo al frente de Defensa con el triunfo del PSOE en 2004, rememoraba ayer que a su llegada al Ministerio descubrió un "cúmulo de desvergüenzas" en relación con el caso del "Yak-42", como sucesivas subcontrataciones o el pago de un seguro que no se había concertado. "¿Quién se quedó con ese dinero?", se pregunta Bono, para quien la gestión de aquel vuelo mortal fue una "verdadera chapuza".

Para la Asociación de Familiares de Víctimas del "Yakovlev-42" el informe del Consejo del Estado supone un respaldo moral. "Ahora hay que reparar el daño, no queremos hablar de indemnizaciones sino de perdón. ¿Quién lo va a pedir? y ¿quién va a asumir esta responsabilidad?", manifestaba ayer un portavoz.