El fiscal del Supremo pide inhabilitar nueve años a Homs por la consulta del 9-N

El portavoz del PDeCat manifiesta su "asco" hacia el Estado y asegura que seguirá en política aunque lo condenen

12.01.2017 | 03:56
El fiscal del Supremo pide inhabilitar nueve años a Homs por la consulta del 9-N

El fiscal pide al Tribunal Supremo que inhabilite al portavoz de PDeCat para ejercer cargo público durante nueve años por desobedecer al Tribunal Constitucional al facilitar consulta soberanistas del 9N de 2014 cuando era consejero de Presidencia de la Generalitat catalana. El avance en este frente judicial provocó ayer una contundente respuesta de Homs, quien aseguró sentir "asco" hacia el Estado y anticipó que ninguna resolución judicial lo apartará de la política.

La petición del ministerio público de nueve años de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos electivos responde a la pregunta del juez instructor de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo contra Homs a la Fiscalía sobre si solicitaba la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación, o proponía el sobreseimiento de las actuaciones. El fiscal considera que el entonces conseller desoyó "de manera grave y consciente" al Tribunal Constitucional y cometió los dos delitos de prevaricación y desobediencia.

El auto del juez del Supremo que prepara la apertura de juicio señala que Homs "potenció" la celebración de la consulta del 9N "a pesar de ser consciente de la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional y la consecuente inviabilidad de su celebración". En la misma línea, el fiscal apunta que Homs "era plenamente consciente, máxime en su condición de cabeza de los servicios jurídicos de la Generalitat, de que con su actuación quebrantaba el obligado acatamiento a las decisiones" del Constitucional. "El incumplimiento de la suspensión determinó que se celebrase habiendo sido privada expresamente la administración de competencia para ello, una consulta" que es inconstitucional, añade el escrito.

Homs, diputado y portavoz en el Congreso de la antigua Convergencia, mostraba en Barcelona, tras conocer el escrito de acusación del fiscal, su "asco" ante los poderes de un Estado en el que a "un político que ha contribuido a poner unas urnas le quieren inhabilitar penalmente y, en cambio, otro que ha manipulado a la fiscalía y la policía le dan un cargo", el alusión al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. El portavoz parlamentario de PDeCAT descalificó al Gobierno que "se esconde tras las faldas de las togas judiciales para que le hagan el trabajo sucio". Una posible condena, anticipó, no lo alejará de la política, actividad pública que no abandonará "porque lo diga la Fiscalía o un Tribunal Supremo".

Con la petición de la Fiscalía de inhabilitar a Homs nueve años el Estado queda "inhabilitado democráticamente", según el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

En otro frente de la batalla judicial por la consulta soberanistas, la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que juzgará al expresidente catalán Artur Mas por el 9N rechazó que en la vista, que se celebrará entre los días 6 y 10 de febrero próximos, declaren como testigos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Justicia, Rafael Catalá, como pedían las defensas. En un auto no recurrible, el tribunal desestima la prueba testifical planteada por los abogados defensores de Mas y de las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau, al considerar que resulta "impertinente" por entender que las declaraciones públicas de Rajoy y Catalá sobre la consulta son "absolutamente ajenas" a los hechos a juzgar. Además de rechazar su comparecencia como testigos, el tribunal desestima incorporar al juicio como prueba documental las intervenciones de Rajoy y Catalá ante los medios de comunicación, entre ellas las declaraciones en que el presidente del Gobierno afirmaba que "el 9N no es un referéndum, ni una consulta, ni tiene efecto jurídico".

Impedir otra consulta

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aseguró ayer que la consulta soberanista del 9N se celebró con la complicidad del Gobierno central, porque hubo un "acuerdo no escrito" con el presidente Artur Mas para que ese proceso consultivo no fuera vinculante. Rivera considera que el Ejecutivo "se equivocó" entonces, al disponer de mecanismos previos para impedir un referéndum fuera de toda legalidad. Ante la posibilidad de que esta situación se repita con la consulta que el Gobierno de Puigdemont anuncia que convocará en septiembre, Rivera confía en que si finalmente se "pone fecha y hora a un referéndum ilegal", el Ejecutivo opte esta vez por impedir su celebración para evitar que se entre de nuevo "en un proceso penal permanente".

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