Representantes del Govern y de la CUP intensificaron ayer las negociaciones para intentar alcanzar, antes de que el lunes los anticapitalistas inicien sus debates territoriales, un acuerdo que desbloquee la aprobación de los presupuestos, con la fiscalidad como principal obstáculo. De hecho, la consejera de la Presidencia, Neus Munté, llamó a la CUP a aparcar el debate fiscal hasta que Cataluña sea independiente.

"No nos engañemos, este problema de capacidad fiscal sólo lo resolveremos si tenemos todas las herramientas de un Estado. A partir de aquí, los modelos fiscales de cada formación política son defendibles y absolutamente legítimos y los tendremos que confrontar y llegar a acuerdos en este futuro espero que no muy lejano", explicó. Mientras tanto, "seamos conscientes de que ahora esto no lo podremos resolver", advirtió Munté a la CUP.

Además, el expresident Artur Mas acusó a los anticapitalistas de "poner en peligro" el objetivo de la secesión al presionar al Gobierno de Carles Puigdemont en materia presupuestaria para hacer la "revolución".

Desde el miércoles, la temperatura de las negociaciones no ha dejado de subir, después de que la CUP pusiera sobre la mesa un conjunto de enmiendas que plantean incrementos para las rentas altas en IRPF, impuesto de patrimonio e impuesto de sucesiones y donaciones, tributos que el Ejecutivo no desea modificar.

La CUP quiere aumentar un punto el IRPF a partir de los 60.000 euros de ingresos anuales y dos a partir de los 90.000. El Gobierno catalán se niega en rotundo.

Fuentes de los "cuperos" aseguraron ayer, cuando las negociaciones seguían en marcha -y con "buenas sensaciones", según el Ejecutivo-, que Puigdemont y Oriol Junqueras (ERC) deben mover ficha para decirles qué está dispuesto a ofrecer y en qué podrían ceder, pues la formación considera que ya ha rebajado sus postulados para hacer planteamientos "más socialdemócratas que anticapitalistas".