La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha decidido esta mañana asumir la competencia para investigar a Pedro Antonio Sánchez dentro de las diligencias que se siguen por el Caso Auditorio. La Sala que ha tomado la decisión está formada por el presidente del TSJ, Miguel Pasqual del Riquelme, y por los magistrados Enrique Quiñonero y Julián Pérez-Templado.
Según explica la Sala en un comunicado, en el auto hecho público esta mañana, se designa al magistrado Julián Pérez-Templado Jordán, instructor del procedimiento sobre el proyecto, adjudicación, ejecución y recepción de las obras del Auditorio de Puerto Lumbreras.
La Sala extiende su competencia para instruir y, en su caso, enjuiciar, a las otras personas investigadas por los mismos hechos en las Diligencias Previas 316/2015 del juzgado de Instrucción número 1 de Lorca.
El TSJ ordena, además, al juzgado de Lorca que, si en el curso de las investigaciones que se acometan en la pieza separada que se instruye en Lorca aparecieran datos que guarden relación y que aconsejaran una investigación o enjuiciamiento conjunto, se comunique a la Sala para la adecuada coordinación de ambos procedimientos.
El auto de incoación de Diligencias Previas no es firme, cabe interponer recurso de Súplica, según señala la nota de prensa difundida por el Tribunal Superior de Justicia.
La Sala estudiaba desde el pasado mes de diciembre la exposición razonada de la juez de Lorca que solicitaba que se investigara al presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, por cuatro delitos (prevaricación, malversación, fraude y falsedad de documento público) presuntamente cometido en el proceso de adjudicación, construcción y recepción de las obras del Teatro-Auditorio de Puerto Lumbreras cuando él era alcalde de esta localidad.
En estas diligencias están investigados ya una veintena de imputados, entre concejales que aprobaron el concurso de obras, técnicos municipales y el arquitecto redactor del proyecto.
La decisión tomada hoy por el TSJ puede marcar el futuro inmediato del presidente de la Comunidad, ya que el acuerdo de investidura con Ciudadanos incluye el compromiso de apartar a aquellos cargos públicos que sean imputados por delitos de corrupción política.
El cambio de la ley de Enjuiciamiento Criminal cambió la denominación de imputados por la de investigados, con lo que ese punto del acuerdo es, para muchos, interpretable. Además, en los últimos meses Pedro Antonio Sánchez ha recibido el apoyo de todos los alcaldes de la Región de Murcia, que en un documento respaldan la tesis defendida por la Comunidad Autónoma de que los políticos investigados no dimitan hasta la apertura del juicio oral en un caso de corrupción.
