El Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia investigará al presidente regional, Pedro Antonio Sánchez, por los presuntos delitos de prevaricación continuada, fraude, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos. El Tribunal asumió ayer la investigación de Sánchez por ser aforado.
El caso tiene su origen en el concurso y adjudicación de las obras del auditorio de Puerto Lumbreras, realizadas cuando Sánchez era alcalde de la localidad, en las que se detectan desviaciones presupuestarias, una certificación de 2,2 millones sin justificar y que fueron recepcionadas sin estar acabadas, con el visto bueno del ahora investigado.
La investigación judicial deja en situación comprometida al Ejecutivo murciano. Ciudadanos advierte que pedirá la dimisión de Miguel Sánchez si es llamado a declarar como investigado porque el acuerdo de investidura firmado entre la formación naranja y el PP lo obliga a renunciar "si es imputado por corrupción política".
