Todos los partidos, excepto PP y Ciudadanos, apoyan la concesión de una renta mínima de 426 euros para quienes carecen de empleo y recursos mientras buscan empleo. Los beneficiarios serían 2,4 millones y exigiría destinar más de 11.000 millones de euros, según la propuesta.

El pleno del Congreso aprobó ayer por 177 votos a favor y 165 en contra la Iniciativa Legislativa Popular de UGT y CCOO, convertida en proposición de Ley después de recibir el respaldo de más de 700.00 firmas y que será tramitada a partir de ahora en comisión. Se trata, según sus promotores, de un "rescate a las personas". Tras el inicio de su andadura parlamentaria, la proposición tiene por delante un largo e incierto recorrido.

El socialista Rafael Simancas fue el encargado de defender una iniciativa que se explica "por justicia social, por eficacia en términos económicos, porque supondrá una inyección directa al consumo, y por estabilidad democrática, para luchar contra la desigualdad".

El debate posterior de la proposición tuvo connotaciones asturianas por la coincidencia en el debate de dos diputados de la región, la popular Susana López Ares, que justificó la oposición de su grupo, y Segundo González, de Podemos, quien defendió la iniciativa de los sindicatos.

El PP rechaza la renta mínima porque considera imposible su financiación. López Ares aseguró en el Congreso que "no existe margen de maniobra" para dar cobertura económica a la propuesta, que, según señaló, tendría hasta ocho millones de potenciales beneficiarios y cuyo coste alcanzaría 50.000 millones de euros. La diputada por Asturias sostuvo durante el debate que "no se puede votar el inicio de un proceso que se sabe desde un principio que no es viable".

En el turno de Podemos, Segundo González defendió incrementar la renta mínima de 426 euros, cuantía que no permite salir del umbral de pobreza, hasta los 660, cifra que, según el parlamentario asturiano, encaja en la recomendación de la UE y "no es pedir la luna".

En línea con el PP, Ciudadanos rechazó la proposición de ley con críticas al PSOE por "podemizar" sus políticas. La iniciativa es inasumible en términos económico y lo que "no se puede cumplir genera desconfianza, un caldo de cultivo perfecto para el populismo", según el portavoz de economía de Ciudadanos.