El diputado en el Congreso Francesc Homs reconoció ayer en el juicio por la consulta del 9 de noviembre de 2014 -cuando era consejero del Gobierno catalán- que fue él, como máximo responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat, quien garantizó al Ejecutivo de Artur Mas que no era ilegal seguir con los preparativos del proceso participativo, pese a que la cita electoral había sido suspendida cinco días antes por el Tribunal Constitucional (TC).

Homs declaró como testigo ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, desde el lunes, juzga a Mas y a las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau por el 9-N, y al finalizar su declaración conoció que el Tribunal Supremo le juzgará a él por los mismos hechos entre los días 27 de febrero y 1 de marzo.

Al estar ya procesado ante el Supremo -por ser aforado-, Homs declaró asistido por su abogada, Eva Labarta, y previamente se le advirtió que no tenía por qué contestar las preguntas que considerara que pueden resultar "perjudiciales para su defensa".

Pero, en respuesta a las preguntas de Xavier Melero, abogado de Mas, Homs no tuvo empacho en reconocer que fue él quien, como máximo responsable de los servicios jurídicos de la Generalitat, comunicó al Govern que seguir adelante con el 9-N no suponía "ninguna irregularidad" ni incurrir en "ningún tipo penal", pese a la prohibición del Constitucional.

Y aun presumió de que no se limitó a ser un "mero transmisor" del dictamen de los servicios jurídicos de la comunidad, sino que asumió plenamente su criterio: "Yo configuré la decisión final", afirmó.

Y si validó la continuación de los preparativos del 9-N fue porque cree y sigue creyendo que mantener la consulta no suponía incurrir en desobediencia alguna al Constitucional, pues el alto tribunal no advirtió expresamente a la Generalitat de las consecuencias que tendría hacerlo, pese a que el Ejecutivo autonómico le pidió que aclarara el alcance de su suspensión.

Dicho lo cual aprovechó también para decir que el Gobierno "podía haber sido mucho más preciso y no lo quiso ser" cuando impugnó la convocatoria de la consulta ante el TC.

Llegados a este punto, el fiscal Emilio Sánchez Ulled anunció ante el presidente de la sala que no interrogaría a Homs para "respetar el derecho de defensa" del testigo. "¡Qué lástima!", respondió el exconsejero. Pero poco después, fuera de la sala, la ironía derivó en cruce de reproches.

En uno de los recesos del juicio, Homs se acercó al fiscal y le echó en cara, con sorna, que antes no hubiera querido interrogarle, alegando que lo había hecho "por su bien".

Sin perder la sonrisa, el fiscal le contestó que, de la misma forma que muchos de los cargos públicos que han testificado en el caso del 9-N fueron "ascendidos" tras la consulta, hiciera una "llamada" para que a él también le subieran de categoría y, de esa forma, le pudiera interrogar en el juicio del Supremo.

Mientras todo esto ocurría, se celebraba sesión de control en el Parlament. Y allí pudo escucharse decir al presidente del Grupo de Junts pel Sí, Jordi Turull, que el "Estado español no es un Estado de derecho". Antes, el propio Puigdemont había pedido la palabra, algo inusual en una sesión de control, para "explicar la ausencia de la diputada Irene Rigau contra su voluntad". Pero el momento más intenso llegó con Anna Gabriel, de la CUP. La diputada quiso dejarle muy claro a Puigdemont que el referéndum prometido para este año "no será legal", por lo que animó a los "comunes", contrarios a la vía unilateral, a "desobedecer", como hicieron "los luchadores antifranquistas" en la dictadura. "Y si hace falta, recibir garrotazos como tantas veces hemos recibido".