El Tribunal Constitucional (TC) no fue claro en su decisión de prohibir que se celebrara la consulta independentista catalana del 9 de noviembre de 2014. Con ese argumento se defendió ayer el diputado y portavoz de PDeCAT Francesc Homs ante el Tribunal Supremo de la acusación de prevaricación y desobediencia grave, delitos por los que la Fiscalía pide para él nueve años de inhabilitación para ejercer como cargo público.

En una escenificación ya vista en semanas precedentes -en el juicio contra Artur Mas y dos de sus consejeras por la misma consulta-, Homs llegó ayer al Tribunal Supremo con su mujer y arropado por el expresident de la Generalitat, parte del actual Govern y más de un centenar de personas. Homs, que era consejero de Presidencia en el momento en que se celebró la consulta, manifestó ante la sala que lo juzga que nunca tuvo conciencia de estar cometiendo los delitos que se le imputan. El Gobierno del que formaba parte tuvo que elegir, según su declaración, entre los derechos políticos de los ciudadanos y una providencia del Constitucional que, entendió, no prohibía claramente la consulta. De hecho, señaló, la Generalitat pidió una aclaración al TC, que "no se produjo", para saber con certeza si la providencia incluía una advertencia de apercibimiento, pero sin suponer que estaban incurriendo en una ilegalidad y menos un delito."Estaban en juego los derechos fundamentales a la participación política de los ciudadanos y, al lado, una providencia inconcreta. En ese marco el Govern tiene que tomar decisiones". Pese a los acontecimientos posteriores, Homs asegura que "volvería a hacer" lo que hizo incluso aunque tuviera conocimiento de la sentencia del TC que en 2015 declaró inconstitucional el proceso participativo.

En la vista oral se produjeron algunos momentos tensos. "En mi casa me enseñaron a no interrumpir", dijo Homs para protestar contra la forma del fiscal de llevar el interrogatorio. Manuel Marchena, el presidente del tribunal, formado por siete magistrados, le advirtió entonces que "esto no es su casa, pero puede decir cuanto quiera en su defensa".

Al inicio del juicio, el tribunal desestimó de nuevo la petición de la defensa de Homs para que testifique en el juicio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy y otros altos cargos.

Los tres primeros testigos del juicio, vinculados a una de las empresas informáticas encargadas de seguir la consulta, coincidieron en que, ante una consulta expresa, la Generalitat les notificó que el proceso seguía adelante pese a la providencia del Tribunal Constitucional en la que se suspendía el llamamiento a las urnas, resolución que "no afectaba explícitamente a las tareas" encargadas", según les comunicaron.