PP y Ciudadanos discrepan sobre la forma de materializar algunas de las condiciones del pacto suscrito entre ambas organizaciones por el que el partido de Rivera dio su voto favorable a Mariano Rajoy en la investidura. La reunión que mantuvieron ayer deja constancia del incumplimiento de acometer algunos aspectos básicos del acuerdo, como la supresión de los aforamientos, la limitación de los mandatos presidenciales o la apertura de una comisión de investigación sobre la financiación del PP, en los tres primeros meses de mandato.

Mientras Ciudadanos considera que esas medidas se pueden implantar con rapidez, incluso con una "reforma exprés" de la Constitución en el caso de los aforamientos, el PP exige mayor cautela. Hay que "afinar" para salvaguardar todas las garantías del Estado de derecho, afirmaba ayer José Antonio Bermúdez de Castro, portavoz adjunto de los populares. En realidad, esas discrepancias ya estaban presentes en el momento de la firma del pacto, pero ahora se hacen más evidentes ante la imposibilidad de cumplir con los plazos marcados. "Vamos a aplicar el acuerdo porque lo sentimos como propio", afirmaba ayer en Bruselas el portavoz del Gobierno, el ministro Íñigo Méndez de Vigo. Sin embargo, el cómo todavía está por definir.

El portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, reconoció que existen discrepancias jurídicas con el PP. Mientras que el partido de Albert Rivera considera que la limitación de los mandatos se puede hacer con una modificación "bastante sencilla" de la Ley del Gobierno, para el PP, el cambio, que podría cerrar el paso a que Rajoy se presentara de nuevo a las elecciones, exige una modificación constitucional. La supresión de unos dos mil aforamientos políticos requiere también alterar los términos actuales de la Carta Magna. Ciudadanos defiende que se haga sin una consulta posterior, tal y como se introdujo en los últimos meses del mandato de Rodríguez Zapatero la limitación constitucional del déficit público. Esta pretensión chocaría con las exigencias de Podemos, para quien es obligado que cualquier modificación de ese calibre se someta a referéndum, algo a los que el PP se opone de forma tajante. Girauta trasladó ayer a la formación morada la responsabilidad de que fracase la supresión de los aforamientos, que supone una "regeneración obvia" y una respuesta a algo que es "un clamor".

Comisión de investigación

El desacuerdo persiste incluso en aquellos aspectos que no tienen tanta complejidad legal, como la creación de una comisión que investigue la financiación del PP. Los populares se comprometieron ayer a estudiar la propuesta de Ciudadanos de que eche a andar dicha comisión aunque su portavoz parlamentario anticipa ya que no resulta necesaria al existir una subcomisión sobre regeneración democrática en la que se verá la financiación de los partidos. En este ámbito, el PP dejaría de ser el centro de la investigación parlamentaria.

Para Girauta, lo importante ahora es saber si Rajoy merece o no la confianza de Ciudadanos y si es una persona "de fiar".