Jordi Montull quiere limitar a Daniel Osàcar, extesorero de Convergència (CDC), ya enjuiciado en el "caso Palau", su confesión sobre la presunta financiación ilegal del partido a través de la institución cultural.

Según explicaron a "Europa Press" fuentes judiciales, el acuerdo de la Fiscalía con la defensa del antiguo "número dos" del Palau de la Música y de su hija Gemma -exdirectora financiera de la institución- está casi cerrado y se prevé que la confesión se ciña a corroborar hechos y acusaciones sobre personas procesadas en la causa: en el caso de CDC, Osàcar y el propio partido como responsable civil a título lucrativo.

Sin embargo, este pacto no significa que Montull no pueda señalar a otros cargos convergentes al declarar como procesado, lo cual podría derivar en acciones penales, pero ya fuera del contexto del juicio sobre el expolio del Palau que comenzó el miércoles.

Los Montull buscan un pacto con el fiscal para intentar reducir las altas penas a las que se enfrentan: 27 años de cárcel (el padre) y 26 (la hija). Será a partir del próximo miércoles cuando se confirme en qué términos exactos se pronuncian los Montull ante el tribunal del caso, y está por ver cómo maniobra en su declaración el que era presidente del Palau, Fèlix Millet.

Por el momento, en la primera jornada de la vista, durante el debate de las cuestiones previas, el abogado de CDC y del propio Osàcar, Xavier Melero, renunció a que declararan 36 testigos cuya presencia había solicitado, entre ellos a los exconsejeros de Obras Públicas Felip Puig, Pere Macias y Joaquim Nadal, además del ahora presidente de Junts pel Sí, Jordi Turull.

Ayer, en la segunda jornada del juicio, el fiscal anticorrupción advirtió que el expolio del Palau supuso un perjuicio para la sociedad en el contexto de la "financiación ilegal" de CDC mediante el "abuso" en los "pagos ilícitos" de Ferrovial al partido a través de la institución cultural.

En su intervención para rebatir los argumentos de las defensas, entre ellas las de Osàcar y los exdirectivos de Ferrovial Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, el fiscal Emilio Sánchez Ulled se opuso a la prescripción invocada por los demás acusados, al sostener que incurrieron en una conexión delictiva que duró varios años y causó un perjuicio para la sociedad, en el contexto de la "financiación ilegal" de CDC.

Entre tanto, la CUP avisó a Junts pel Sí (JxS) de que convocar y celebrar un referéndum unilateral de independencia implica asumir "cierta dosis de desobediencia" y tachó de "discurso mágico" la tesis de que se podrá ir "de la ley a la ley".

Así, los "cuperos" quieren que el referéndum de previsto, como muy tarde, para septiembre se rija por una ley específica distinta a la de transitoriedad jurídica -una de las tres leyes "de desconexión"- para evitar "confiar a ciegas en que aguante" la previsible suspensión por parte del Tribunal Constitucional.