El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha calificado este lunes de "vergüenza" la condena al expresidente de la Generalitat de Cataluña Artur Mas a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) con la consulta sobre la independencia de Cataluña del 9 de noviembre de 2014.
"Artur Mas es el heredero del pujolismo; una de las peores expresiones de la trama, pero que le condenen por poner urnas es una vergüenza", ha escrito Iglesias en su cuenta personal de Twitter poco después de conocer la sentencia.
En rueda de prensa, el secretario de Organización de la formación morada, Pablo Echenique, ha ahondado en esta idea y ha recordado que Podemos ya ha expresado en numerosas ocasiones su rechazo a que se "judicialice la democracia".
"No nos parece que poner una urna tenga que ser un delito", ha insistido dejando claro que, aunque Podemos siempre "respeta" las decisiones judiciales, puede no compartir su contenido.
Según ha subrayado, Artur Mas y CiU están implicados en otro tipo de escándalos de corrupción en los que no debería haber existido "impunidad" y sobre los que se deben "depurar responsabilidades". "Pero no nos parece que poner urnas sea algo delictivo", ha reiterado.
El PP: "Nadie está por encima de la ley"
Mientras tanto, el portavoz del PP, Pablo Casado, ha asegurado que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el 9N "pone a cada uno en su sitio" y demuestra que "nadie está por encima de la ley" y ha dicho a los ciudadanos, especialmente a los catalanes, que tienen que "tener la certeza de que no va a existir impunidad".
En rueda de prensa en la sede nacional del PP, Casado ha recalcado que quienes en la consulta soberanista de 2014 pensaron que aquel acto no iba a tener consecuencias, con el fallo de la sentencia conocido este lunes "pueden ver que al final la ley se abre paso".
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha condenado al expresidente de la Generalitat Artur Mas a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) con la consulta sobre la independencia de Catalunya del 9 de noviembre de 2014.
El tribunal condena a la exvicepresidenta Joana Ortega a un año y nueve meses de inhabilitación y a la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau a un año y seis meses también por los delitos de desobediencia y prevaricación, pero en su caso como colaboradoras necesarias; y los tres quedan absueltos de prevaricación administrativa.
