Artur Mas recurrirá su condena de dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) valiéndose de principios reconocidos en la Carta Magna. En su recurso ante el Supremo, el expresidente de la Generalitat invoca, entre otros, los derechos constitucionales a la participación y a la libertad ideológica y de expresión para pedir su absolución.

Mas y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau fueron hallados culpables de un delito de desobediencia en el juicio por la organización y celebración de la consulta del 9-N.

Ante el Supremo también ha recurrido la Fiscalía para que los tres sean condenados por prevaricación, lo que puede acarrearles a otros ocho años de inhabilitación.

En los escritos de sus recursos de casación, los encausados alegan que en sus condenas por el 9-N se vulneraron varios preceptos constitucionales, informa "Efe". Además de los dos ya citados, creen infringidos los de igualdad ante la ley, tutela judicial efectiva, motivación y congruencia de las sentencias, presunción de inocencia y derecho a un proceso con todas las garantías y legalidad.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, consideró "pintoresco" que Mas invoque sus derechos constitucionales, cuando "los que él ha vulnerado son evidentes".

Y Ciudadanos criticó la "perfomance" del expresident, que ayer asistió, junto con Rigau y Ortega, a la reunión semanal del Gobierno catalán, e instó a su sucesor, Carles Puigdemont, a "trabajar para todos los catalanes".

La presencia de los tres condenados por el 9-N en la reunión del Govern fue interpretada como una suerte de "blindaje simbólico"; de hecho, su portavoz, Neus Munté, dijo que los tres "simbolizan en primera persona" la situación actual, e informó de que se les ha pedido que hagan "pedagogía". "Su testimonio puede ser útil dentro y fuera de Cataluña".

Mas fue recibido ayer por la tarde en Madrid con gritos de "traidor", "separatista" y "terrorista", a su llegada a un debate con el exministro de Exteriores Margallo en el Ateneo. Los abucheos procedían de medio centenar de militantes de ultraderecha.

Mientras tanto, el embajador británico en Madrid, Simon Manley, dijo ayer en Barcelona que "Cataluña no es Escocia, ni Escocia es Cataluña", y que el contexto y la historia de ambas regiones y sus respectivo países son "casos muy distintos".