La "pura normalidad" que para el presidente Rajoy supone su citación como testigo en el juicio por la actividad de la "trama Gürtel" entre 1999 y 2005, antes de que se trasladara al escenario valenciano, contrasta con el encendido comunicado en el que el PP calificaba de "abuso de derecho" el llamamiento al jefe del Ejecutivo. La normalidad de la que deja constancia el desarrollo del proceso es la división entre los tres miembros del tribunal y la tendencia de su presidente, Ángel Hurtado, a quedar en minoría frente a los otros dos magistrados, una división que va más allá de las afinidades por perfil ideológico de estos jueces de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. A tenor de esa normalidad, resultaba previsible que el tribunal citara a Rajoy a instancias de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE), que ejerce la acusación particular en el "caso Gürtel".
El presidente del tribunal, Ángel Hurtado, de filiación conservadora, ya quedó en minoría en julio del año pasado cuando se opuso a llamar como testigos a antiguos dirigentes del PP, entre ellos Francisco Álvarez-Cascos y Ángel Aceves. Julio de Diego, también de perfil conservador, y José Ricardo de Prada, progresista, unieron sus votos y a lo largo de la vista oral, que ayer alcanzó su sesión número 64, algunos significados miembros de la plana mayor de los populares desfilarán entre los 300 testigos llamados a declarar.
Hurtado se opuso a la recusación de Enrique López y Concepción Espejel, designados en un principio para juzgar a la "trama Gürtel" y que fueron apartados de la causa al aceptar una mayoría de integrantes de la Sala de lo Penal su recusación por su manifiesta afinidad con el PP. Una vez fuera López y Espejel, el tribunal se formó con el propio Hurtado, con De Prada y con De Diego, quien ya estaba asignado al proceso desde el comienzo.
Citar o no a Rajoy es un asunto que ya en dos ocasiones anteriores debatió el tribunal de Gürtel, cuyas discrepancias se resolvieron por la vía del aplazamiento de la decisión hasta la apertura del juicio oral. El martes pasado la petición de ADADE estaba de nuevo sobre la mesa y, otra vez, Ángel Hurtado volvió a defender en solitario su rechazo a llamar al presidente del Gobierno, posición coincidente con la de la fiscal Concha Nicolás, quien considera que Rajoy no aportará novedades una vez acreditado que el PP se financió a través de una "caja B". Para los magistrados De Diego y De Prada, sin embargo, el testimonio del jefe del Ejecutivo resulta relevante una vez escuchado en la sala que fue él quien decidió apartar a Correa y a sus empresas del entorno del PP tras recibir la denuncia de dos empresarios de que pedían comisiones en nombre del partido.
