El Gobierno autonómico de Madrid, presidido por la popular Cristina Cifuentes, se personará como acusación particular en el caso que investiga la supuesta trama de corrupción en el Canal de Isabel II, por el que está en prisión sin fianza el expresidente madrileño Ignacio González, también del PP. Cifuentes ha dado ya las instrucciones a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para que se persone en el caso, paso que se dará en el "momento procesal oportuno", según fuentes del Ejecutivo regional.
El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco cree que el desfalco a las arcas públicas por parte de los detenidos por el caso ascendería a unos 25 millones de dólares (23,3 millones de euros al cambio actual), tan solo en la operación que supuso la compra de la empresa brasileña Emissao, una de las varias que se están investigando.
La decisión del Gobierno de Cifuentes ha sido adoptada a la vista del criterio de la Abogacía General, que pone de relieve que las irregularidades investigadas en la llamada "operación Lezo" afectan a diferentes organismos de la Comunidad de Madrid y que de ellas puede derivarse perjuicio patrimonial, indicaron las citadas fuentes.
La actuación, que se toma en aplicación de los artículos 101 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se une a la llevada a cabo el año pasado cuando la Comunidad de Madrid trasladó a la Fiscalía un "amplio" informe en el que se detallaban diversas operaciones llevadas a cabo en el Canal de Isabel II y sus empresas filiales, que pudieran ser constitutivas de delito. Con anterioridad, el Gobierno madrileño se personó en la trama "Púnica", por la que está encarcelado el ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados, y en la trama "Gürtel".
El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, anunció por su parte que comparecerá en el Congreso de los Diputados para explicar su reunión del pasado 8 de marzo con Pablo González, hermano del expresidente madrileño encarcelado, ya que no tiene "nada que ocultar".
En declaraciones efectuadas en un acto del PP en Priego de Córdoba, Nieto, "número dos" del ministerio del Interior, afirmó que si el PSOE no pide su comparecencia en la Cámara Baja, como ha anunciado que hará, él la solicitará a petición propia y dará las explicaciones que hagan falta sobre la reunión con Pablo González, que se celebró un día después, según el juez Velasco, de que se enterase de que su hermano y él estaban siendo investigados por la Guardia Civil.
"Estoy absolutamente tranquilo, creo que es mi obligación y creo que en los momentos que vivimos la sociedad española necesita que se den todos los datos que se tengan que dar sobre cualquier cosa que pueda impulsar a tener alguna duda sobre cualquier tema relacionado con hechos como los que aparecen en esta operación", dijo el secretario de Estado.
Nieto añadió que no conocía los hechos que se investigaban en la "operación Lezo" porque la investigación estaba bajo secreto y precisó que, de haberlos conocido, "lo último" que habría hecho habría sido "tener alguna relación con la persona investigada". Nieto aseguró desconocer el auto del juez Velasco en el que se habla de la reunión "con un secretario de Estado".
En cuanto al juez Velasco, ayer se difundió que ha pedido un nuevo destino por considerase que con los medios que tiene no puede hacer bien su trabajo. En una entrevista publicada por el diario "El Mundo" Velasco afirma: "Si tengo suerte, en junio me voy a otra cosa. Nadie es imprescindible". Y añade: "He pedido cambio de destino en la Sala de Apelaciones. No sé si lo ganaré".
