El exconsejero madrileño Francisco Granados ha pedido de nuevo al juez del caso Púnica, Eloy Velasco, que llame a declarar como testigo, entre otros, a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre, solicitud que ya le fue rechazada el pasado 21 de marzo.

Pese a ello, en un escrito al que ha tenido acceso Efe, su abogado Carlos García de Ceca vuelve a intentar que el juez la llame a declarar una vez que el pasado 3 de mayo se acordó levantar el secreto de la última pieza de Púnica sobre la que pesaba la reserva, la referida a la supuesta financiación ilegal del PP madrileño, si bien aún no se ha dado traslado de su contenido a las partes.

Circunstancia que también aprovecha su defensa para reclamar su puesta en libertad tras más de dos años en prisión preventiva, al entender que la "presunción de posibles actuaciones delictivas ha rebasado todos los límites normales".

Lamenta el abogado que durante la instrucción, de la que tampoco ve motivo para que se decrete su prorroga, no se le haya aplicado a su cliente "la doctrina constitucional prevista para la duración de la medida cautelar que le está siendo aplicada" y cuyo límite máximo no puede rebasar los cuatro años.

Tampoco, añade, "se le ha concedido el derecho de acceso a las actuaciones fundamentales que posiblemente determinaban el mantenimiento de su privación de libertad y que le habrían permitido el recurrir la legalidad de su situación", en la que se encuentra desde octubre de 2014.

En cuanto a los testigos propuestos, al igual que ya alegó la primera vez que los solicitó, la defensa de Granados considera "necesaria" la declaración de Aguirre para que explique cuál fue el papel que su exconsejero desempeñó en la Comunidad de Madrid.

También para indicar la influencia que pudo ejercer sobre otros consejeros y "si tenía o no la supuesta superioridad jerárquica que se le atribuye en algunos informes" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Además del testimonio de Aguirre, Granados solicita que declaren, en la pieza sobre la supuesta financiación irregular del PP de Madrid, el consejero y presidente de Nuevo Arpegio, Jaime González Taboada, el exgerente de Arpegio Áreas de Promoción Empresarial Eduardo Larraz Riesgo y Pilar Rubio Izquierdo, directora de Proyectos del Plan Prisma.

A González Taboada pide citarle para que explique el funcionamiento del Plan Prisma (Programa Regional de Inversiones y Servicios de Madrid), y si conocía de la existencia de pagos de comisiones a Granados referidas a dicho Plan.

De Larraz quiere también que se le pregunte si su nombramiento fue motivado por su relación con Aguirre y de Rubio considera "importante su examen como testigo" para que manifieste si Granados dio instrucciones que pudieran favorecer a determinadas empresas.