El Gobierno catalán advierte la existencia de una "persecución preventiva e ideológica" tras la medidas contra el referéndum soberanista anunciado para el 1 de octubre. El ejecutivo de Puigdemont acordó ayer personarse ante el Tribunal Constitucional (TC) con un recurso de súplica contra la providencia que suspende cautelarmente el cambio en el reglamento del Parlament que abre la puerta a una aprobación de ley de la consulta por la vía rápida. La interposición del recurso no impide considerar al órgano de garantías el "brazo ejecutor" del Gobierno central, según manifestaba ayer el portavoz del Govern, Jordi Turull, quien irónicamente apunta a que el TC "podría tener su sede perfectamente en la Moncloa o compartir el Consejo de Ministros".

En su última reunión antes del parón veraniego, el Ejecutivo de Puigdemont analizó la decisión del Constitucional de admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad del Ejecutivo del PP y suspender así la reforma del reglamento del Parlament, impulsada por Junts pel Sí (JxSí) y la CUP. Esa decisión es una "indecencia", según Turull, que "hace saltar por los aires eso de que todos somos iguales ante la ley". El Ejecutivo de Puigdemont señala que todos los parlamentos autonómicos tienen regulado el procedimiento de aprobación de una ley en lectura única, por lo que el bloqueo al cambio de reglamento de la cámara catalana es síntoma de una"persecución preventiva e ideológica", según el portavoz del Govern.

El bloqueo del reglamento que implanta el procedimiento de máxima urgencia en la tramitación de una ley, algo para lo que hasta ahora se requería la unanimidad de toda la Cámara, y que anula la posibilidad de que la oposición presente enmiendas, no cierra otras opciones para dar una pretendida cobertura legal al referéndum. Turull anticipa que existen "muchas fórmulas" para aprobar la proposición de ley de la consulta sin necesidad de que el Govern la convierta en proyecto de ley, que sí podría ser aprobado en lectura única. "No se puede descartar nada", advertía ayer, tras la reunión del Ejecutivo, que no volverá a encontrarse hasta el 29 de agosto.

La CUP, sostén parlamentario del Gobierno de Puigdemont, anuncia otros procedimientos que nada tienen que ver con la búsqueda de una apariencia legal para el proceso. La presidenta del grupo de los anticapitalistas en el Parlament, Mireia Boya, abría ayer la puerta a "desobedecer" al Tribunal Constitucional para celebrar un referéndum el 1 de octubre. Para ello, confía en que "a nadie le tiemblen las piernas en los momentos decisivos que vendrán a partir de finales de agosto". La vía suspendida por el TC no era la que "gustaba más" a la CUP, reconoce Boya. "Nos gusta mucho más el hecho de desobedecer. No reconocemos este derecho español que se aplica de una forma muy interesada y muy aleatoria", afirma la presidenta del grupo parlamentario de la formación radical.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, acusa al presidente Puigdemont de buscar la "confrontación" y alimentar el "victimismo" con declaraciones como su disposición a ir a la cárcel por convocar el referéndum independentista.