13 de agosto de 2017
13.08.2017

El Prat, un conflicto que amenaza con afectar a más aeropuertos y estaciones

La subasta de los servicios de seguridad generó bajas temerarias, seguidas de recortes salariales de hasta el 28%, explica el exdiputado socialista Trevín

13.08.2017 | 04:30
Agentes de la Policía autonómica catalana controlan los accesos a las puertas de embarque del aeropuerto barcelonés de El Prat.

Los trabajadores de los controles de seguridad del aeropuerto barcelonés de El Prat celebrarán hoy, domingo, una crucial asamblea en la que decidirán si mantienen su decisión de iniciar mañana, lunes, una huelga indefinida. El conflicto de El Prat, impulsado por UGT y que en las últimas semanas ha provocado esperas interminables en la instalación aeroportuaria catalana, tiene, según fuentes conocedoras del sector, raíces profundas que hacen temer su extensión a otros aeropuertos e incluso a estaciones ferroviarias. De momento, ya han sido convocados paros a partir del próximo domingo, día 20, en los aeropuertos de La Coruña y Santiago de Compostela.

El socialista asturiano Antonio Trevín, que acaba de renunciar a su acta de diputado y que fue portavoz del PSOE en la comisión de Interior del Congreso, figura entre quienes consideran que el conflicto no ha hecho sino empezar y que las huelgas de controladores de seguridad en aeropuertos y estaciones se convertirán en un fenómeno común en aquellas fechas clave, como vacaciones y puentes, en las que se registran grandes movimientos de pasajeros. "Se va a extender al resto del país y puede afectar a servicios esenciales para los españoles, y no sólo a los aeropuertos", declaró esta semana Trevín a LA NUEVA ESPAÑA.

Trevín considera que "el origen del conflicto está en la adjudicación mediante subasta de las contrataciones públicas". Esta modalidad ha llevado a algunas empresas a hacer "ofertas temerarias que no cubrían siquiera los costes laborales", prosigue el ex delegado del Gobierno en Asturias. Como consecuencia, no pudo satisfacerse el salario mínimo de convenio y las empresas se descolgaron del nacional del sector para pactar con sus trabajadores acuerdos mucho más desfavorables, ante la pasividad de las administraciones públicas. "Las subastas provocaron una reducción salarial de entre el 15% y el 28%, además de una merma de las condiciones sociales y laborales de los trabajadores", explica Trevín.

El exdiputado señala dos circunstancias que han llevado a la actual situación. La primera, de carácter legislativo, hunde sus raíces en la reforma laboral y en la ley de seguridad privada, que, además de ampliar el campo de actuación de estas empresas, les concede sobre los trabajadores plenos poderes, que incluyen formación, titulación, grado o responsabilidad. "La empresa tiene plenas competencias para hacer lo que quiera con su plantilla", afirma Trevín.

A esta matriz legislativa se sumaron, prosigue el exdiputado, la crisis económica y la corrupción. "Las Administraciones Públicas utilizaron en general el sistema de subasta pura y dura porque de esa manera nadie podía discutir si con el precio de las adjudicaciones se favorecía a un amigo o a otro. Pero de eso se aprovecharon empresarios sin escrúpulos, y en muchos casos muy relacionados con responsables del PP en comunidades autónomas e incluso en el propio Gobierno", afirma Trevín.

La conclusión a la que llega el exdiputado, que ya en su día alertó del problema en el Congreso, es que "esas prácticas pusieron en marcha un capitalismo salvaje en el sector. Llegaron incluso a expulsar del mercado a grandes compañías tradicionales, como Seguribérica". El debilitamiento progresivo de sindicatos como CC OO y UGT, hizo el resto. Ahora las centrales intentan rectificar el tiro.

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