Juana Rivas, vecina de Maracena (Granada) que sigue ilocalizable desde que incumpliera la orden de entregar a sus hijos al padre italiano, no ha acudido hoy a declarar a la nueva citación judicial para decidir medidas sobre los menores, pero ha trasladado a través de su abogada que sigue protegiendo a sus hijos.

A la salida del Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, donde esta mañana se ha celebrado la vista de medidas civiles urgentes que pidió el progenitor, Francesco Arcuri, la letrada María Castillo ha confirmado la incomparecencia en la citación judicial de su representada, a la que no había sido notificada esa comparecencia.

"Juana me ha pedido que traslade a la opinión pública que todo lo que está haciendo lo está haciendo por sus dos hijos y, como madre, es la única que siente que, a día de hoy, debe de proteger y seguir protegiendo a los menores ante la desprotección que se le está dando por parte de las personas correspondientes", ha sentenciado.

Una vez escuchadas las alegaciones de ambas partes, entre las que se incluyen la petición de medidas ya acordadas como que se oficie a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para que busquen a los menores, la juez encargada de este caso por la vía civil está estudiándolas y resolverá "en las próximas horas", según han informado por su parte a Efe fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Preguntada sobre las medidas solicitadas por el abogado del padre, Adolfo Alonso, quien a su salida del juzgados no las ha detallado a los periodistas, la letrada de Juana Rivas se ha referido a la prohibición expresa de salida del espacio europeo Schengen, la entrega de los pasaporte de los menores y que la madre aclare si tiene permiso de armas.

Todas estas medidas de índole civil ya fueron pedidas por el representante legal del padre en un escrito presentado a finales del pasado julio ante el mismo Juzgado de Primera Instancia que hoy ha celebrado la vista.

Este juzgado de familia rechazó en su momento las medidas cautelares solicitadas por el padre pero derivó su escrito -que también pedía medidas urgentes de orden penal- al Juzgado de Instrucción 2, órgano que citó a las partes el pasado 8 de agosto y que, ante la incomparecencia de la madre, decretó la vigente orden de detención y presentación en sede judicial que pesa sobre Juana Rivas.

La abogada de la madre ha dicho que la no asistencia de Rivas esta mañana no tendrá para ella nuevas consecuencias legales, dado que la vista se ha podido celebrar debidamente con su representación.

No obstante, ha admitido que la mujer se encuentra en una situación "legalmente complicada" y que está asumiendo "muchos riesgos" de los que su clienta está debidamente informada.

"Los letrados informamos y los clientes, en este caso Juana, deciden de manera unilateral realizar cualquier tipo de actuación", ha dicho Castillo, que ha añadido se sigue "valorando y estudiando" algún tipo de posible entrega de su representada ante la justicia.

De forma paralela a la causa civil y penal, la madre pidió amparo al Tribunal Constitucional y la anulación de la orden de entregarle los niños a Arcuri, condenado en 2009 por lesiones en el ámbito familiar y a quien denunció en 2016 por maltrato, tras volver a España desde Italia.

El pasado miércoles, 16 de agosto, el Constitucional, su última opción en la justicia nacional, no admitió el recurso de amparo al alegar "extemporaneidad" en la presentación de la demanda de la mujer, quien anunció que buscará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) la protección a los dos menores que cree que no le ha dado España.