31 de agosto de 2017
31.08.2017

El Gobierno afirma tener ya lista su respuesta al desafío catalán

Juristas denuncian un modelo de "Estado autoritario" en la ley de Transitoriedad

30.08.2017 | 23:49
Soraya Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer que el Ejecutivo actuará de forma inmediata en cuanto se tramite la ley del referéndum o la de transitoriedad en Cataluña, considerando además que esta última es un producto "aberrante".

En declaraciones a periodistas en el Congreso, Sáenz de Santamaría explicó que el Gobierno ya tiene "preparadas y previstas" las actuaciones contra ambas leyes, que se han venido anunciando desde hace tiempo. La Vicepresidenta afirmó que el Ejecutivo lleva semanas preparado para responder ante cualquier tipo de tramitación de las conocidas como "leyes de desconexión", presentadas ya en el Parlamento por Junts pel Sí y la CUP.

Sobre la ley de Transitoriedad, Santamaría afirmó que se trata de un producto "propio de otras latitudes". "Que en España, con una democracia consolidada, alguien pretenda constituir una autocracia en la que el presidente de la Generalitat mande sobre todo el Parlamento, los jueces y todo el mundo; que dinamite la división de poderes y la mínima responsabilidad política, me parece que es un producto sencillamente aberrante", aseveró Sáenz de Santamaría, quien añadió que el hecho de que semejante texto se registre en un parlamento le resulta "bochornoso" y propio de unos dirigentes que han perdido "toda vergüenza democrática".

La Vicepresidenta también recordó que el trámite de lectura única que podría emplearse para estas leyes se encuentra suspendido por el Tribunal Constitucional, e insistió en que el referéndum no se celebrará.

El colectivo de juristas Llibertats, por su parte, denunció la "incompatibilidad absoluta" de la ley de transitoriedad con los principios "básicos" que rigen un Estado de Derecho. En un comunicado, este colectivo destacó el carácter "más propagandístico que jurídico" de un texto que plantea un modelo de Estado "de corte autoritario, populista y asambleario", cuyos preceptos no sólo son de "imposible eficacia jurídica" sino que se sitúan "fuera de la legalidad española, europea e internacional".

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