El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, dictó el jueves por la noche un oficio en el que ordena a los máximos responsables de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra en las cuatro provincias catalanas que intervengan en el caso de celebración del referéndum, incautándose si es necesario de "los efectos del delito", en referencia a las urnas. En el oficio se insta a las fuerzas de seguridad a actuar ante cualquier preparativo del referéndum desarrollado por autoridades, funcionarios o incluso por particulares.
El oficio fue remitido ayer por Maza tanto al fiscal superior de Cataluña como a los fiscales jefes provinciales, en cumplimento de la resolución del Tribunal Constitucional que suspendió el jueves por la noche la ley de Referéndum y la convocatoria de la consulta independentista del 1-O.
Por la tarde, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) admitió a trámite sendas querellas presentadas ayer mismo por la Fiscalía Superior de Cataluña contra miembros de la Mesa del Parlament por la admisión a trámite, el miércoles, de la ley del Referéndum y contra el Govern por la convocatoria del 1-O.
La querella registrada contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y contra los cuatro miembros de la Mesa que votaron a favor de la admisión a trámite es por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, delito este último que puede ser castigado con pena de prisión. La querella contra el Govern es por los mismos delitos.
El TSJC no entró a valorar las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía, que incluyen la exigencia de fianza y, en su caso, el embargo de bienes. Estas medidas deberán ser valoradas por el magistrado instructor.
