El Gobierno teme que el próximo 1 de octubre, fecha prevista para el referéndum independentista suspendido por el Tribunal Constitucional, se produzcan episodios de violencia en Cataluña y no descarta tener que recurrir al artículo 155 de la Constitución, que permite suspender el régimen autonómico de una comunidad, para resolver la crisis catalana.

Así lo comunicó ayer en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, quien informó, además, de que el Consejo de Ministros aprobó la presentación de dos recursos ante el Tribunal Constitucional (TC). El primero, contra la ley de Transitoriedad, aprobada ayer de madrugada por el Parlament, en la que se regulan los primeros pasos de una eventual República catalana en caso de que triunfara el "sí" en el suspendido referéndum. El Ejecutivo considera que esa ley viola los artículos 1 y 2 de la Constitución, que atribuyen la soberanía nacional al pueblo español y definen a España como una monarquía parlamentaria, patria común e indivisible de los españoles.

El segundo de los recursos se dirige contra determinados preceptos de la ley del código tributario de Cataluña, aprobado el pasado mes de julio, que pretende impulsar una Hacienda catalana propia. Estos dos recursos se suman a los cuatro presentados el jueves contra la ley de Referéndum, la convocatoria de la votación del 1 de octubre, las normas complementarias que la regulan y el establecimiento de una Sindicatura Electoral, equivalente a la Junta Electoral Central.

Los recursos fueron admitidos a trámite el mismo jueves por el TC, con lo que la convocatoria del referéndum y las otras tres leyes quedaron en suspenso durante cinco meses tras la publicación, ayer, de la decisión del Constitucional en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El BOE detalla, además, el millar de personas a las que ha de notificarse la suspensión, con la advertencia de que deben paralizar cualquier inicitiva que suponga ignorar la suspensión acordada.

En su comparecencia ante los medios, el portavoz del Gobierno acusó a los independentistas catalanes de "dinamitar la democracia" y dirigirse "sin complejo alguno" hacia "una dictadura". Por esa razón, Méndez de Vigo llamó a la sociedad catalana a mantener "la concordia y la convivencia" y defendió que el Gobierno busca "limitar los daños y no contribuir a alentar un clima de confrontación", ya que, reconoció, al Ejecutivo le preocupa que puedan vivirse episodios de violencia en Cataluña.

Al preguntársele si la afirmación hecha el jueves por el presidente Rajoy de que no renuncia "a nada para impedir que los independentistas liquiden la convivencia de un plumazo" implica que el Gobierno puede recurrir a la intervención de la autonomía catalana mediante el artículo 155, Méndez de Vigo sugirió que así es, porque "sin renunciar a nada es sin renunciar a nada".

El Gobierno, afirmó por otra parte el portavoz, no tiene "la menor duda" de que los Mossos cumplirán la orden del fiscal general del Estado de impedir el referéndum. Méndez de Vigo recordó a los ayuntamientos que la prohibición del referéndum les obliga a no ceder locales para las votaciones y que hacerlo implica incurrir en delito. De igual modo, advirtió a los voluntarios que se han ofrecido para organizar la votación que la prohibición les afecta también a ellos.