Funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) notificaron ayer en mano al presidente Puigdemont que será investigado por los posibles delitos de desobediencia y prevaricación. El proceso se extiende también al resto de los miembros del Govern y responde a la querella de la Fiscalía por su decisión de convocar el referéndum, en suspenso por decisión del Tribunal Constitucional. El conseller de Presidencia, Jordi Turull, recibió también ayer la notificación del TSJC de la admisión a trámite de la querella, proceso que seguirá en los próximos días con el resto de los miembros del ejecutivo catalán.

Puigdemont se enfrenta además a una posible inhabilitación del Tribunal Constitucional (TC), aunque anticipa que una decisión de ese tipo no conseguirá apartarlo de su cargo. El jefe del Ejecutivo de la Generalitat asegura que si el TC, en ejercicio de las facultades ejecutivas de que dispone, decidiera inhabilitarlo por seguir adelante con la convocatoria referéndum, desoyendo la suspensión de la norma que pretende dar cobertura legal a la consulta, "al día siguiente iré a trabajar". Puigdemont se ampara en que la figura del presidente de la Generalitat "está regulada en el Estatut", por lo que sólo en caso de muerte, incapacidad física o psíquica, dimisión o una moción de censura en el Parlament quedaría apartado del cargo. El jefe del Govern rechaza que la ley del Constitucional, reformada por el PP en solitario, sea "superior a lo que dice el Estatut".

La presidenta de la mesa del Parlament, Carme Forcadell, y otros cuatro miembros del órgano rector de la Cámara autonómica recibieron ayer al auto en el que la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) aprecia indicios de los delitos de desobediencia y prevaricación en su actuación. La sala no se pronunció todavía sobre el posible delito de malversación, el único que incluye pena de cárcel, y que figura en la querella de la Fiscalía Superior de Cataluña contra todos ellos por votar a favor de tramitar la ley del referéndum y la de transitoriedad, suspendidas por el Tribunal Constitucional. Forcadell, criticó el "uso indiscriminado" que hace el Gobierno de los tribunales para resolver el conflicto catalán, y considera que la nueva querella obedece a una "escalada judicializadora" para intentar parar el referéndum del primero de octubre.

El Tribunal Constitucional suspendió ayer de forma cautelar la Ley de Transitoriedad catalana tras admitir el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy. La decisión, que deja en el aire la que pretendía ser la norma que abre paso a la república catalana en el caso de que triunfara el "sí" en el referéndum, fue adoptada por unanimidad y añade además una nueva advertencia a los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament sobre lo que conllevaría seguir adelante con la ley.