14 de septiembre de 2017
14.09.2017

La Fiscalía cita a los alcaldes que apoyan la consulta y ordena su arresto si no acuden

Un juez ordena cerrar la web del referéndum y el Govern replica la página clausurada en Luxemburgo y Reino Unido

14.09.2017 | 01:58

La Fiscalía General del Estado ordenó ayer a las fiscalías provinciales catalanas que investiguen a los 712 ayuntamientos que ya se han ofrecido a facilitar la votación del 1-O, anulada por el Tribunal Constitucional (TC), bajo la advertencia de que los Mossos d'Esquadra, en tanto que policía judicial, detendrán a los alcaldes que no acudan a la cita con el ministerio público. Los regidores, se puntualiza, comparecerán "en calidad de investigados".

La orden cursada por José Manuel Maza advierte que los alcaldes que ayuden a organizar la consulta ilegalizada se exponen a incurrir en tres delitos: los de desobediencia y prevaricación, que comportan, respectivamente, multa e inhabilitación, y el de malversación de dinero público, el único que acarrea cárcel (hasta 8 años).

Pero, haciendo caso omiso de la advertencia, la CUP anunció que sus 28 alcaldes ignorarán la citación y "no comparecerán", instando al resto de las fuerzas independentistas, PDeCAT y ERC, a hacer lo propio. El portavoz del Govern, Jordi Turull, en línea similar, proclamó que el anuncio de Maza sólo servirá para "incrementar" el compromiso independentista. Y los alcaldes de L'Ametlla de Mar (Tarragona) y Argentona (Barcelona), de ERC y la CUP, respectivamente, destruyeron en trituradoras los requerimientos del TC que la Delegación del Gobierno les hizo llegar advirtiéndoles de que colaborar con el 1-O es ilegal.

Con todo, la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM), que agrupan a los regidores que ya se han comprometido a ceder locales de votación para el 1-O, anunciaron la convocatoria, este sábado, de un acto de protesta en el centro Barcelona, ante lo que consideran "un hecho sin precedentes en un país europeo". Eso sí, la presidenta de la AMI, Neus Lloveras, garantizó que los alcaldes afectados por la orden de la Fiscalía "irán a declarar, unos voluntariamente y otros no, porque no tienen nada que esconder".

La orden cursada por el fiscal general registró también una respuesta en el Congreso, donde los portavoces del PDeCAT, ERC, Unidos Podemos, Compromís, el PNV y Bildu pidieron la comparecencia de Maza.

Entre tanto, el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, transmitió a "todas las unidades" de la Policía autonómica la orden que la Fiscalía Superior de Cataluña le dio el martes: "requisar urnas" y todo el material del 1-O. Para evitar "duplicidades", Trapero ha centralizado en la Comisaría General de Información la instrucción de las posibles diligencias.

Las policías locales de todos los ayuntamientos catalanes también han recibido instrucciones de las fiscalías provinciales para investigar cualquier indicio de preparativos del referéndum ilegal.

Y en medio de la pugna por la cesión de locales de votación en Barcelona, la consejera de Enseñanza, Clara Ponsatí, destituyó al director del Consorcio de Educación de la capital, Lluís Baulenas, y asumió sus funciones. Ponsatí justificó su decisión por "razones educativas", no vinculadas al 1-O, mientras que Baulenas habló de "motivos obvios".

A última hora de la tarde, la Guardia Civil cerró la web del referéndum, creada por el tripartito de José Montilla en 2006 para el referéndum del Estatut, cumpliendo una orden del titular del Juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga los preparativos de la consulta. Pero, en un nuevo episodio del juego del gato y el ratón, el presidente catalán, Carles Puigdemont, difundió vía Twitter los nuevos enlaces de la web, alojada en servidores de Luxemburgo y el Reino Unido.

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