El Ministerio de Hacienda controlará el uso de las tarjetas de crédito por parte de altos cargos de la Generalitat, a fin de que no puedan emplear dinero en el referéndum del 1 de octubre.
Técnicos del ministerio que dirige Cristóbal Montoro se han reunido con representantes de los bancos para informarles del mecanismo de control de los pagos en Cataluña, después de que el Gobierno asumiera el control de los gastos esenciales de la Generalitat de Cataluña por su negativa a remitir un informe semanal sobre el destino de sus recursos.
El Ejecutivo dio un plazo de 48 horas, que vence este martes, para que la Generalitat le enviara el acuerdo de no disponibilidad de su presupuesto, que no afecte a servicios fundamentales.
El Gobierno intervendrá las cuentas de la Hacienda catalana. Vídeo: Agencia ATLAS/Foto: EFE
La Generalitat ya ha recurrido el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado viernes para impedir la intervención de sus cuentas, pero al no haber solicitado medidas cautelarísimas el Tribunal Supremo no se verá obligado a pronunciarse en los próximos días.
Fuentes del Supremo han recordado que ese trámite obliga a dar traslado a las partes para que presenten alegaciones y que, en el caso de la parte demandada -la Abogacía del Estado-, ese plazo es diez días.
Si el Govern de Carles Puigdemont hubiera solicitado una suspensión cautelarísima, el Supremo se habría visto obligado a resolver en un plazo de 48 horas, con lo que existiría la opción de de frenar de inmediato el acuerdo del Ejecutivo central.
Puigdemont habla de "estado de excepción" en Cataluña
Mientras, Puigdemont ha retado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a tener el "coraje" de explicar en el Congreso la intervención de las finanzas de la Generalitat, y le ha acusado de aplicar un estado de excepción en Cataluña vulnerando todas las leyes.
Lo ha dicho en un mitin en la plaza de la Independència de Girona, la ciudad de la que fue alcalde y bajo una intensa lluvia, donde ha dicho que las recientes actuaciones del Gobierno, la Guardia Civil y la fiscalía contra el referéndum de independencia es propia de "países totalitarios".
Puigdemont ha censurado que el Gobierno ha intervenido las finanzas de la Generalitat, ha decretado este estado de excepción y está aplicando 'de facto' el artículo 155 de la Constitución --suspensión de la autonomía-- sin pasar por la cámaras legislativas: "Se están cargando sus propias leyes".
El presidente catalán considera que Rajoy debería trasladar todas estas medidas al Congreso y al Senado y considera que, al no hacerlo, está "vulnerando los derechos fundamentales" de los ciudadanos que se recogen en la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Ha acusado al Estado de vulnerar derechos como el de reunión, de información y de imprenta que están recogidos en la Constitución y ha sentenciado que los únicos ciudadanos que recuerdan algo así "vivieron la dictadura del general Franco".
Por otra parte, la Agencia Española de Protección de Datos ha abierto actuaciones previas de investigación para averiguar si se ha producido un acceso ilícito a bases de datos estatales para la creación del censo electoral catalán para el 1-O.
Una de las propuestas del día ha sido la idea de Podemos, Cataluña en Comú, IU y En Marea de convocar una "asamblea extraordinaria" de alcaldes, parlamentarios y cargos públicos de todas las fuerzas democráticas para hacer frente común contra las medidas del PP en su intento de frenar el referéndum.
La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ya ha dado la "bienvenida" a la propuesta, aunque ha pedido más concreción para poder decidir su grado de implicación.
Otro de los focos de atención ha sido el debate sobre la aplicación o no del artículo 155 de la Constitución, que abre la puerta a la retirada de competencias de la Generalitat.
La dirección del PSOE no contempla la aplicación de este artículo, según indicado fuentes de la dirección del partido, después de que su portavoz federal, Óscar Puente, eludiera en rueda de prensa pronunciarse sobre la conveniencia de aplicar ese precepto constitucional, algo que sí fue descartado el pasado mes de julio por la portavoz parlamentaria, Margarita Robles.
Tras escuchar a Puente, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha celebrado que el PSOE no "demonice" la posibilidad de que el Gobierno recurra al artículo 155 en Cataluña.
El PSC, por su lado, ha recomendado a los ciudadanos que denuncien ante la justicia si son llamados a formar parte de mesas del referéndum o si los funcionarios reciben requerimientos para formar parte del operativo.
La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha cargado contra el presidente del PPC, Xavier García Albiol, por no querer apoyar su moción de censura contra Puigdemont, y le ha acusado de ser "desleal" con sus votantes.
García Albiol, a su vez, ha advertido de que son los independentistas los que "suspenden la autonomía" anulando el Parlament y ha pedido a los dirigentes del PDeCat disconformes con el rumbo soberanista que "levanten la voz".
La diputada de las CUP Eulàlia Reguant ha acusado al Gobierno de estar suspendiendo la autonomía de Cataluña "por la puerta de atrás" con la intervención de las finanzas de la Generalitat.
Mientras tanto, la defensa de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que eleve al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la admisión a trámite de la última querella de la Fiscalía por permitir que la cámara aprobara la ley del referéndum.
El TSJC ha acordado investigar a los presidentes de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Neus Lloveras, y de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), Miquel Buch, por un delito de desobediencia y descartar los de prevaricación y malversación.
Un total de 37 alcaldes catalanes han sido citados en los próximos días ante la Fiscalía para ser interrogados como investigados por facilitar locales para el 1-O, pese a haber sido suspendido por el Tribunal Constitucional (TC).
Los alcaldes han sido citados a declarar entre este martes -así lo harán los de Mollerusa, Oliana y El Pont de Suert- y el próximo lunes en las fiscalías territoriales de Tarragona, Lleida, Girona y Barcelona y, en el caso de los diputados del Parlament aforados, en la Fiscalía Superior de Justicia de Cataluña.
Comparecencia de Montoro este miércoles
Por otra parte, el ministro de Hacienda comparecerá este miércoles ante la comisión del ramo del Congreso la decisión adoptada el pasado viernes por el Consejo de Ministros de asumir el pago directo de los servicios públicos fundamentales de Cataluña, como las nóminas, la Educación, la Sanidad y los Servicios Sociales.
El propio Montoro pidió acudir a la Cámara dar cuenta de esta medida que tiene como objetivo evitar que el Gobierno de Carles Puigdemont utilice esos fondos públicos para organizar el referéndum independentista del 1 de octubre. De hecho, esta intervención parcial de la cuentas catalanas se decidió un día después de que el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Oriol Junqueras, comunicara a Hacienda que no iba a informar semanalmente de los gastos del Ejecutivo autonómico.
Según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias, durante la mañana de este lunes se ha sondeado a los distintos portavoces de la Comisión de Hacienda y finalmente la comparecencia del ministro se ha fijado para el miércoles a las cuatro y media de la tarde.
