No, Rajoy no tiene un plan B para Cataluña. Todos sus esfuerzos se concentran en impedir que el 1 de octubre haya consulta o cualquier cosa que se le parezca. Y a juzgar por la reacción a las medidas que el Gobierno, la Fiscalía y los jueces han tomado desde el viernes, nadie (y menos aún los independentistas) pensaba que llegaría tan lejos para frustrar la convocatoria. Estupor, indignación? ¿ira? En la idea de legalidad que ilumina al soberanismo cabe que el Parlament pueda aprobar una ley que, como la del referéndum, violenta toda normativa conocida salvo la aprobada ad hoc, pero no que el Estado ponga en marcha hasta el último resorte de su maquinaria para contrarrestar su aplicación.
Los secesionistas y quienes se solidarizan con ellos para sacar provecho (Iglesias) o no ver truncada su carrera política (Colau) se indignan por las citaciones de los alcaldes proconsulta, la intervención de la Hacienda catalana y, lo peor, los registros y detenciones de altos cargos, ayer, en varias consejerías. La CUP tildó la operación de "golpe de Estado" y el líder de Podemos no dudó en hablar de "presos políticos", olvidándose de los que el régimen chavista colecciona en Venezuela.
Puigdemont, más práctico, dio una pista sobre cómo se votará el día de marras: "Saldremos de casa, llevaremos una papeleta y la usaremos". Luego la logística del referéndum ya ha sido pulverizada. Y siendo así, la única baza que les queda a los soberanistas es convertir la consulta sobre la independencia en un plebiscito sobre la calidad democrática del Estado, al que el president acusaba ayer de haber "suspendido de facto el autogobierno". ¿El autogobierno? ¿Quién lo liquidó, laminando el Estatut y los derechos de los diputados de las minorías (elegidos, igual que los otros, en representación de todos los catalanes), en el Pleno del Parlament de los días 6 y 7 de septiembre?
El día después del 1-O habrá que hacer política, dicen, pero Rajoy quiere llegar a ese escenario (suponiendo que prevea tal cosa) sentado sobre el éxito de haberse evitado otro bochorno como el del 9-N. Es lo único que tiene en mente. Y no lo hace porque sienta más aprecio por su supervivencia política que por la supervivencia del Estado, sino porque la gravedad del desafío catalán y su propia inacción han fundido en una sola esas dos urgencias: forman, por así decir, una unidad de destino.
Iglesias así lo entiende, y dado que su meta es acabar con el uno y con el otro, con Rajoy y con el "régimen del 78", ha visto en la crisis catalana una nueva ventana de oportunidad para su partido, ignorando que el "cuanto peor, mejor", sumado al hartazgo que el conflicto ya suscita en los votantes del resto de las autonomías (salvo en los que sean del PP, que ya tienen a Rajoy), no le deparará más votos.
Pero no es el único oportunista: Rivera, su antípoda personal y política, dio el miércoles en el Congreso otra lección de consumado egotismo y ceguera con su moción para que los partidos hicieran visible su apoyo al Gobierno (o lo contrario). El PSOE se desmarcó por la negativa de C's a incluir en el texto (qué menos) la necesidad de resolver la cuestión de manera "pactada y legal". Rivera perdió la votación y el Congreso, como tal, no brindó su respaldo al Ejecutivo, aunque, de hecho, lo tiene.
Hacer política, de acuerdo; ¿pero dónde están los políticos para hacerla?
