Los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, encargada de supervisar el referéndum del 1-O, presentaron a primera hora de la tarde de ayer sus escritos de renuncia ante el Tribunal Constitucional (TC) para evitar la multa de12.000 euros diarios que pesaba sobre ellos si no cesaban en sus funciones. Con el mismo objetivo, el Govern cesó ayer en su cargo a Josep María Jové, el "número dos" del vicepresidente Junqueras en Economía, a quien el Constitucional impuso idéntica sanción, que tiene la finalidad coercitiva de que cumpla las resoluciones del Tribunal que suspenden la consulta.
En el caso de Jové, quien ayer quedó en libertad junto a otros cinco detenidos en la operación de la Guardia Civil contra el núcleo organizativo del referéndum, deberá acreditar ante el TC que "ha revocado las resoluciones adoptadas, paralizado por completo toda actuación considerada como incumplimiento de la suspensión del referéndum y comunicado a los destinatarios de dichas resoluciones que las mismas han quedado sin efecto".
La renuncia de los miembros de la Sindicatura, que según la ley del Referéndum debían desempeñar unas funciones análogas a las de una junta electoral, se produjo después de que el Govern anunciara su disolución para ser relevada por "otros entes de supervisión" no identificados. El ejecutivo catalán denuncia la "ofensiva autoritaria de los organismos político-judiciales del Estado español contra un ente electoral escogido por el Parlament e integrado por profesionales académicos de reconocido prestigio".
Con garantías
Para el vicepresidente Junqueras, la disolución de la Sindicatura Electoral "no pone en riesgo las garantías" porque "afortunadamente garantías hay muchas, y la mayor de todas es el compromiso de los ciudadanos, que son los votantes". Junqueras se sumó ayer a los concentrados para recibir a seis detenidos en la operación contra el núcleo organizativo del referéndum. Con ellos, están ya en libertad en libertad con cargos los catorce arrestados en la operación del miércoles pasado, entre los que destacan los máximos responsables del departamento de Economía ,Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. El magistrado les imputa los delitos de malversación, desobediencia y prevaricación. La investigación judicial se centra en determinar si el Govern gastó en los preparativos del referéndum los 6,2 millones de las dos partidas presupuestarias que el Parlament aprobó para la consulta.
La Sección Territorial de Asturias de la Asociación Profesional de la Magistratura manifestó ayer su apoyo a los jueces catalanes.
