El Gobierno nacional dijo, por activa y por pasiva, que no habría referéndum en Cataluña. Sin embargo, lo hubo (ilegal) y cientos de miles de personas votaron el domingo. ¿Qué pasará ahora? Los catedráticos asturianos en Derecho, consultados por LA NUEVA ESPAÑA, apuestan en su mayoría por aplicar el artículo 155 de la Constitución Española -la suspensión de la autonomía-, aunque antes, aclaran, "habrá que ver cómo transcurren los acontecimientos". En primer lugar, la huelga general convocada para hoy y, en segundo lugar, la declaración unilateral de independencia. Mientras que una parte de los expertos sostienen que la solución al conflicto catalán debe satisfacer al resto de España y no generar desigualdades, otra opina que no queda más remedio que "soltar la cuerda" e iniciar un proceso de secesión legal.
Ignacio Fernández Sarasola, profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad de Oviedo, es muy claro en su postura. Asegura que la única solución que ahora cabe frente al conflicto catalán es el artículo 155 de la Constitución, aunque, matiza, "lo más inteligente hubiese sido aplicarlo antes". De esta forma, el Gobierno central "hubiese podido dar órdenes directas a los Mossos d' Esquadra, sin necesidad de la intervención de la Policía Nacional y de la Guardia Civil".
El doctor en Derecho insiste en que la Generalitat "no está capacitada para nada": ni para celebrar un referéndum ni para declarar la independencia. "Llueve sobre mojado; es una acción ilegal una detrás de otra". Fernández Sarasola recuerda que en la II República, Cataluña y País Vasco ya fueron "muy beligerantes", pero "un pulso como el de ahora nunca se había producido". De no aplicar el artículo 155, dice el profesor de la Universidad de Oviedo, habría que recurrir al Código Penal, pero esta opción sería "meternos en un círculo sin salida y en el que ambas partes seguirían enrocadas en la misma posición". ¿Qué supondría aplicar el artículo 155? Primero el Gobierno central tendría que obtener la autorización del Senado por mayoría absoluta y, a continuación, el Estado pasaría a asumir los poderes propios de la Generalitat. En consecuencia, la autonomía de Cataluña quedaría suspendida, como también sucedió con Irlanda en 2002.
Ramón Durán Rivacoba, catedrático de Derecho Civil y exdecano de la Facultad de Derecho, baraja también el artículo 155. Sin embargo, cree que antes de tomar esta decisión habría que esperar a ver cómo evoluciona la crisis. Hoy hay huelga general y mañana puede producirse la declaración unilateral de independencia. Es en este último caso cuando el Gobierno central tendría que recurrir al 155 de la Constitución "a toda prisa" y "todos los partidos razonables lo apoyarían". Durán opina que la actuación de Puigdemont y su equipo "no es sólo irregular, sino también de traca". "Que con el sí de un tercio de la población quieran declarar la independencia es un paso más hacia la deriva y la tensión desbocada", expresa. El profesor de la Universidad de Oviedo aboga por la convocatoria de un referéndum nacional y dice que lo "más razonable" sería convocar elecciones tanto en Cataluña como en toda España, una vez se aplique el artículo 155.
La catedrática de Derecho Internacional, Paz Andrés Sáenz de Santamaría, abre más el abanico. E indica que los "matices" "importan mucho" a la hora de tomar una decisión política a la crisis catalana. Por ejemplo, si la declaración de independencia la proclama el Gobierno o el Parlamento. Si es este último, los separatistas obtendrían un mayor refuerzo, aunque fuese con el apoyo de la mitad de los parlamentarios, y podrían decir "tenemos el apoyo de la soberanía del pueblo de Cataluña". Como apunte, dice Andrés, "es lo que hicieron en Kosovo". La profesora considera que las imágenes de violencia del domingo "agravan la situación en Cataluña" y "perjudican de forma clara la imagen exterior de España". Con respecto a los posibles escenarios a los que nos enfrentamos, Paz Andrés contempla cuatro.
El primero de ellos sería utilizar el artículo 155 en el caso de que la Generalitat persistiese en su actitud y amenazase la unidad de España. En este caso, el Gobierno central tendría que determinar qué medidas tomar, "ya que el propio artículo no lo especifica". La segunda consistiría en una "reforma agravada de la Constitución" si el Govern quisiese dialogar y planteara un referéndum pactado. Esto, advierte la catedrática de Derecho Internacional, "introduciría un elemento peligroso: otras comunidades autónomas podrían pedir lo mismo que Cataluña". El tercer escenario posible implicaría una reforma de la Constitución Española "para encontrar un mejor acomodo a Cataluña". Eso implicaría "recuperar contenidos del Estatut, que fueron rechazados por el Tribunal Constitucional" y desencadenaría un malestar en el resto de España. La cuarta y última opción pasaría también por reformar la Constitución "en sentido federal, reordenando el sistema autonómico en su conjunto".
Paz Andrés se quedaría con esta última solución, pues sería "la que encontraría un apoyo más amplio entre la ciudadanía". Ahora bien, ¿contentaría a los independentistas? "Igual no", contesta la profesora, que cree que en todo caso corresponde a los políticos "resolver un problema concreto satisfaciendo al resto de España" a través de la negociación y de la renuncia.
Por su parte, el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, Benito Aláez Corral, considera que "no es el momento de aplicar el artículo 155 si es que hubo algún momento". "Si ayer (por el domingo) algo aprendimos es que si a las personas a las que se les aplica la ley son desobedientes civiles pacíficos, el coste jurídico es enorme. Sólo hay que escuchar la declaración de la Comisión Europea, que dijo que la violencia no está justificada en ninguna materia política", reflexiona. Aláez subraya que en la opinión pública internacional -"de la cual dependemos"- no entiende la rigidez del Estado y una intervención de la autonomía catalana -justo lo que supone el artículo 155- generaría "un probable movimiento social, que haría de escudo humano para evitar las expulsiones de políticos". Y en consecuencia, "el Estado estaría en otra situación bochornosa" como la del domingo.
Por tanto, el profesor de Derecho Constitucional aboga por reformar la Constitución Española de tal manera que autorice la celebración de un referéndum "no sólo legal, sino además con mayoría cualificada y ratificación en al menos dos votaciones, como sucede en el resto de la Unión Europa". Así, "nos evitaríamos la violencia", apunta Aláez, que no obstante recuerda que los políticos catalanes tendrían que ser pacientes, pues es un proceso largo.
¿Y si esa opción no contentara al resto de españoles? "Yo le diría al resto del país que hay tres opciones. La primera, palos (ley) con las consecuencias negativas que ello tendría desde el punto de vista económico. La segunda, zanahoria: el pacto fiscal. Numerosos estudios hablan de 13.000 euros anuales para concederles el concierto fiscal. Y la tercera, y creo que más acertada, dejar la cuerda suelta y esperar a que el poni no se vaya", contesta Aláez.
