El gerente de dos hoteles de Pineda de Mar (Barcelona) que aloja a antidisturbios de la Policía Nacional desplazados a Cataluña ha asegurado hoy en un comunicado que ambos establecimientos se han visto obligados a desalojarlos "bajo la amenaza de cierre durante cinco años" por parte del Ayuntamiento. La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias para investigar la expulsión de estos agentes y la posible implicación de los "responsables municipales" en esa decisión.
En el comunicado, difundido a través de las redes sociales, el gerente del hotel indica que, "debido a una reunión que hemos tenido con responsables del Ayuntamiento de Pineda de Mar, nos vemos obligados, bajo amenaza de cerrarnos los hoteles durante 5 años, a desalojar el contingente de Policías Nacionales de dos hoteles, Chekin Mont-Palau y Chekin Pineda el día 3/10/2017 antes de las 16.00 horas".
Varios centenares de personas protestaron anoche ante estos hoteles con gritos de "Independencia" o cánticos de 'Els Segadors', mientras los Mossos d'Esquadra protegían el establecimiento hotelero con varias furgonetas de los antidisturbios aparcadas frente a él.
Durante la concentración, se vivieron momentos de tensión, especialmente cuando los Mossos hicieron un pasillo para que entrara un grupo de policías nacionales, que fueron recibidos por sus compañeros ya instalados en el interior del hotel con gritos de "España" y "Que nos dejen actuar", según imágenes emitidas por TV3.
Hasta el establecimiento se desplazaron responsables municipales y, poco después, el consistorio emitió en su cuenta de Twitter el mensaje de que "la primera teniente de alcalde de Pineda de Mar negocia con los gestores del hotel Montpalau" y ha conseguido el "compromiso" de que los policías nacionales marcharon hoy.
Un cordón de seguridad se interpuso entre los agentes y manifestantes:
Tras salir del hotel la teniente de alcalde, Carme Aragonés, del PSC, se ha dirigido a los concentrados asegurándoles que hoy los agentes se marcharían, lo que fue recibido con alborozo por los manifestantes.
En declaraciones a laSexta, Aragonés ha aseverado que ha habido una negociación con la dirección de los hoteles para que se marcharan lo antes posible "porque los ánimos están irritados" y "esta situación ponía las calles en riesgo y no valía la pena".
La teniente de alcalde ha negado amenazas ni "ninguna medida de fuerza" contra los hoteleros, y que la decisión de éstos se produjo tras una larga negociación.
Las concentraciones ante hoteles que alojan a agentes antidisturbios, comisarías de policías y cuarteles de la Guardia Civil se reprodujeron anoche en diferentes puntos de Cataluña, con manifestantes que hacían sonar cacerolas y lanzaban gritos como "fuera las fuerzas de ocupación".
Por su parte, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha apoyado a las fuerzas de seguridad mediante un mensaje en Twitter:
Entre otros lugares, hubo concentraciones en los cuarteles de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia, en Barcelona; en el de la localidad barcelonesa de Manresa; y en el de Sant Carles de la Ràpita, en Tarragona; en la comisaría de Policía de Reus (Tarragona) y en un hotel de La Seu d'Urgell (Lleida) que también aloja a miembros de las fuerzas de seguridad del Estado.
Todos estos episodios se produjeron después de que varios hoteles de Calella (Barcelona), entre ellos el Palmeras, el Catalonia y el Vila, instaran ayer a 500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a que abandonen sus instalaciones tras la presión del Ayuntamiento de la localidad, del PDeCAT.También en Calella
Por su parte, más de 200 guardias civiles han denunciado que han sido obligados a dejar el hotel en el que se alojaban en Calella, a 50 kilómetros de Barcelona, un día después de participar en el operativo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para impedir el referéndum de este domingo.
La alcaldesa, Montse Candini, aseguró este lunes que aplaude que se expulse a la Guardia Civil de los establecimientos hoteleros de la ciudad tras la violencia ejercida durante la celebración del referéndum.
"Ningún hotelero de #Calella ha sido amenazado con retirada de licencia. Expulsar @GuardiaCivil es una decisión del empresario que yo aplaudo", ha sostenido en un apunte en Twitter recogido por Europa Press.
Varios hoteles de Calella (Barcelona), entre ellos el Palmeras, el Catalonia y el Vila, también instaron a los 500 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil a que abandonaran sus instalaciones tras la presión del ayuntamiento de la localidad, del PDeCAT.
Fuentes policiales indicaron que en el caso de la Policía Nacional son 250 los agentes antidisturbios que tuvieron que buscarse otro alojamiento mientras permanezca el dispositivo desplegado en Cataluña.
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La Dirección General de la Guardia Civil ubicó en otras instalaciones a los más de 200 agentes que abandonaron su hotel de Calella este lunes.
En Reus también se han producido protestas ante los hoteles donde se hospedan los agentes enviados por el Ministerio del Interior en el contingente para frenar el referéndum del 1-O.
Concentración frente al Hotel Gaudí de Reus. Vídeo: Twitter/@MAKFIGHTER72
Querellas
El abogado Antonio Suárez Valdés anunció que presentará, en nombre de los agentes afectados, una querella contra la gerencia del Hotel Vila de Calella y contra el Ayuntamiento de este municipio por un presunto delito de coacciones.
Según el abogado, la decisión se ha comunicado tras las "presiones sufridas en la noche de ayer por entornos radicales que se manifestaron en la puerta del hotel". La gerencia dijo que tomaban la decisión aludiendo a "una presunta amenaza de corte de luz y agua corriente".
La decisión se ha adoptado tras el dispositivo policial para evitar el referéndum del domingo. Los agentes de la Guardia Civil regresaron a su hotel de este pueblo, de 18.000 habitantes, y aseguran que sufrieron un escrache de varias horas. Según ellos, soportaron gritos, insultos e incluso el lanzamiento de botellas hasta altas horas.
Según un vídeo difundido por Ràdio Calella, los manifestantes les gritaron que se fueran, les insultaron reiteradamente y les llamaron fascistas con continuos reproches por la actuación en la jornada del referéndum.
La alcaldesa asegura que un grupo de estos guardias civiles cargaron tras el escrache contra las personas que se agolpaban en la calle. Al lugar acudió una patrulla de los Mossos d'Esquadra, que recibieron el aviso por parte de los agentes del Instituto Armado de que un grupo estaba ante su hotel, en la calle Sant Josep, gritándoles.
Según indicaron desde la policía catalana, acudieron al lugar e hicieron un cordón de seguridad, e intentaron mediar para que la gente se fuera. Los agentes, según ellos, cruzaron el cordón y comenzaron a cargar contra los manifestantes con porras extensibles. El incidente concluyó a la 1.30 horas dejando, según el Ayuntamiento, 14 contusionados y cuatro heridos que requirieron atención médica.La Fiscalía abre diligencias
En un escrito, la fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi, delega la investigación al servicio especial de Delitos de Odio y Discriminación de Barcelona, que ha abierto diligencias por los delitos de amenazas, coacciones y contra los derechos fundamentales y libertades públicas "cometido por la pertenencia de los afectados a la nación española".
El ministerio público ha encargado a la Policía Nacional que investigue las circunstancias en que se ha acordado expulsar a los policías de los hoteles en que se hospedaban, a cuyas puertas se han organizado concentraciones desde el pasado domingo para protestar por las actuaciones policiales para impedir el referéndum.
Según el decreto de apertura de diligencias, la Fiscalía ha constatado a través de informaciones periodísticas que "numerosos agentes de los cuerpos estatales de la Policía Nacional y la Guardia Civil en las localidades de Calella y Pineda de Mar han sido expulsados globalmente de los hoteles en que estaban alojados y que podría haber responsables municipales implicados en dichos hechos".
Además, añade el fiscal, por las redes sociales "circula un documento" en el que el gerente de los hoteles Checkin de Pineda de Mar asegura que se ha visto obligado a desalojar a los policías, bajo la amenaza del Ayuntamiento -gobernado por el PSC- de cerrar los establecimientos durante cinco años.
