El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, que ayer declaró ante la juez Carmen Lamela en la Audiencia Nacional, tendrá que volver a comparecer en la sede judicial a partir del próximo día 16, al haber ampliado la fiscalía las investigaciones sobre su supuesta sedición a los hechos que rodearon a la jornada del 1-O.

Trapero declaró ayer por la actitud de los Mossos durante el registro y detenciones en la consejería de Economía, el pasado 20 de septiembre, durante los que se produjeron disturbios que derivaron en situaciones de acoso a la Guardia Civil y daños a sus vehículos ante la pasividad de la policía autonómica catalana.

Además del mayor de los Mossos, declararon también los presidentes de las asociaciones independentistas ANC, Jordi Sánchez, que sólo contestó a su defensa, y Ómnium Cultural, Jordi Cuixart, que se acogió al derecho a no declarar. Todos ellos abandonaron la Audiencia Nacional sin que se les impusieran medidas cautelares y todos tendrán que volver a comparecer a partir del próximo día 16.

En su declaración, Trapero alegó que se enteró por los medios de los hechos que estaban ocurriendo en la consejería de Economía, por lo que, al no ser avisado con la suficiente antelación, no tuvo tiempo de planificar un dispositivo y eso "obligó a irlo adaptando en función de las circunstancias". Dicho esto, Trapero consideró que la actuación del cuerpo policial que dirige fue "correcta y necesaria en atención a las circunstancias que concurrieron aquel día". En consecuencia, Trapero estima que el cuerpo autonómico no cometió ningún delito de sedición, ni colaboró de ninguna manera en la comisión de ese u otro delito.

La Fiscalía ha ampliado al 1-O las investigaciones sobre Trapero a raíz de un nuevo atestado de la Guardia Civil, presentado ayer, sobre la actitud de los Mossos antes, durante y después del pasado 1 de octubre, en relación con las órdenes judiciales de impedir el referéndum y la denunciada pasividad de ese cuerpo.

Respecto a la otra cara del 1-O, la violencia ejercida por la Policía Nacional y la Guardia Civil sobre las personas que se encontraban en los lugares habilitados para votar en el prohibido referéndum, el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que estaba de guardia el 1 de octubre, ha acordado investigar por delitos de lesiones la intervención policial en 23 centros de votación de Barcelona, donde resultaron heridas 130 personas. El juez ha instado a la Fiscalía a no "minimizar la gravedad" de lo ocurrido en la jornada del 1-O.

El juez ha abierto una investigación para determinar si hubo "proporcionalidad" en la actuación en los citados 23 centros -y no en uno solo, como pedía la Fiscalía- y si fue la intervención policial lo que afectó a la "normal convivencia ciudadana". El magistrado ha solicitado un informe sobre las "instrucciones orales y escritas" que se dieron a los agentes.