La libertad, en democracia, sólo se ejerce a través de la ley y, al contrario de lo que se apunta desde sectores nacionalistas, el problema que actualmente vive España no deriva de una falta de libertades, sino de un incumplimiento extremadamente grave y reiterado de la ley y la Constitución por parte de una Administración y unas instituciones autonómicas cuyo deber es precisamente respetar y participar de ese marco legal que ahora ilegítimamente vulneran.
Este tipo de actuaciones, a las que hay que llamar por su nombre, golpe de Estado, al contrario de lo que muchos piensan, ni son patrimonio exclusivo de Tejero ni se reserva el derecho de admisión a altos mandos militares. Muy al contrario, la Historia está llena de dirigentes que acceden legítimamente al poder para desde aquél subvertir el orden legal o constitucional por vías ilegítimas, véase Venezuela en la actualidad.
No obstante, pese a la gravedad del desafío al que se enfrenta la democracia española, hay otro hecho que resulta aún más preocupante; muy al contrario de lo que sería esperable y deseable, desde ciertos sectores de nuestra sociedad y ante tan grave atentado a nuestra democracia la única respuesta que encontramos es la ausencia de ella.
Y es que, para mayor desazón de muchos ciudadanos que nos sentimos progresistas -admítanmelo como adjetivo de amplio espectro-, la izquierda, personificada en las dos grandes centrales sindicales (CC OO y UGT) que han apoyado en Cataluña los paros políticos en centros de trabajo -posición bastante difícil de entender viniendo de sindicatos de clase-, o el nuevo PSOE, parece vivir agarrotada, con un extraño complejo que le lleva a actuar como si nuestra democracia fuera un protectorado franquista, el Gobierno una institución ilegítima y Cataluña (a la que ahora el PSOE denomina en sus comunicados en castellano como Catalunya) una especie de colonia en territorio europeo, más o menos al nivel de Gibraltar.
Así, nos encontramos con un Gobierno al que el partido más importante de la oposición -y el que más años ha gobernado España, aunque ahora reniegue de todos sus presidentes, vicepresidentes, ministros y hasta de cualquiera que haya pisado Ferraz antes de la era Sánchez Pérez- niega el apoyo, evita la foto de las tres fuerzas constitucionalistas bregando juntas, vota en contra de mociones parlamentarias que brindan el apoyo al Ejecutivo en la defensa de nuestro orden constitucional, presenta reprobaciones a la vicepresidenta del Gobierno insinuando brutalidad policial y se pone de perfil y en tierra de nadie, con una equidistancia que pretende poner en el mismo lugar a quien vulnera la ley -y los derechos de los parlamentarios catalanes y de todos los ciudadanos que residen en Cataluña (permítanme que aunque progre siga escribiéndolo como me enseñaron en el colegio)- con un Gobierno que, con errores que criticar y estrategias de las que discrepar, busca defender nuestro orden constitucional y se ha mantenido siempre en el terreno de la ley.
Todo lo anterior no sólo debilita de gran manera el frente constitucional y al Gobierno, sino que también boicotea la única salida razonable que queda en estos momentos, es decir, convocar de manera inmediata comicios en Cataluña, al torpedear de manera constante la aplicación del ya archifamoso artículo 155, con el que, se comenta por ahí, asustan a los niños catalanes cuando se portan mal.
Y, aunque no sea suficiente, por supuesto que hay voces de cargos o excargos políticos muy importantes dentro del socialismo español y asturiano, como Javier Fernández, Fernando Lastra, Joaquín Leguina, José María Rodríguez de la Borbolla, Juan Carlos Rodríguez Ibarra y, por supuesto, Alfonso Guerra y Felipe González (aunque este último en su encantador estilo criptográfico), que han salido audaces a defender nuestra democracia y nuestro Estado de derecho como los únicos instrumentos que aseguran nuestra libertad, nuestros derechos y nuestros deberes, y, por supuesto, la aplicación cuando fuere necesaria del uso proporcionado de la fuerza por el Estado a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad, con sus muy cualificados y profesionales agentes.
Sin embargo, de lo que aún no se han dado cuenta los dirigentes del nuevo PSOE es de que los ciudadanos nos sentimos poco atados a los instrumentos políticos, y cuando un partido deja de ser útil para la construcción de una sociedad mejor, se busca reemplazo, y lo cierto es que este PSOE se esfuerza en resultar irrelevante para los españoles.
Mientras, muchos ciudadanos clamamos por la aplicación de la ley, e incluso de la fuerza del Estado, que es la única fuerza legítima para restaurar nuestro orden constitucional, pues éste es lo que nos ha permitido crecer como sociedad y convertirnos en una democracia occidental respetada y miembro del club de la Unión Europa, cuyo nivel de protección de derechos humanos y nivel de bienestar no tiene parangón.
