La crisis independentista en Cataluña retrasará e interferirá en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica. Es la convicción de los partidos del parlamento asturiano reunidos ayer con la consejera de Hacienda para buscar una posición común que refuerce la posición del Gobierno de Asturias cuando comience una negociación, por ahora lejana. Todos los grupos de la Junta General, salvo Foro que decidió no acudir, alcanzaron un consenso mínimo ante tres cuestiones claves del futuro sistema de financiación: oposición al principio de ordinalidad y a la eliminación del statu quo y defensa de que el nuevo modelo garantice la financiación de todos los servicios públicos.
Si hay un debate donde el modelo territorial tiene un peso específico incuestionable, ése es el del reparto de todos los impuestos que se recaudan en España entre las diferentes comunidades autónomas para cubrir el coste de los servicios públicos. Ayer mientras el Parlament decidía el destino inmediato de su desafío independentista, el Gobierno asturiano se reunía con cinco de los seis grupos políticos de la Junta para buscar una posición de consenso ante el nuevo sistema de financiación.
La consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, reconoció al término de la reunión que la crisis catalana "ya está afectando" a la reforma del modelo de financiación. Y afirmó que la primera interferencia en este proceso "es el retraso en la constitución del comité técnico de información, que se debía haber convocado entre septiembre y octubre y todavía no se ha reunido cuando se trata del órgano en el que se va a iniciar la negociación".
El diputado popular José Agustín Cuervas-Mons aventuró asimismo "un proceso largo" de negociación porque coincide "con el momento histórico más difícil", en clara alusión a la crisis con el Gobierno catalán y su intentona secesionista. El portavoz de Podemos, Emilio León, lamentó el retraso en abordar un debate que "podría haber contribuido el entendimiento con un nuevo marco que habría ayudado a una nueva visión de país" y criticó que el Gobierno de Mariano Rajoy hubiera dado prioridad a la negociación del Cupo vasco "en vez de afrontar un debate honesto y claro de cohesión territorial con las cuentas claras. Gaspar Llamazares, portavoz de IU, también aventuró un horizonte "lejano" para el debate sobre la financiación por el retraso que llevan el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y por la crisis de Cataluña.
La Consejera destacó el consenso en el cuestionamiento del principio de ordinalidad. "La financiación debe ofrecer los mismos servicios a todos los ciudadanos; el sistema no puede dar más o menos recursos a los territorios en función de su capacidad fiscal". También hubo coincidencia en mantener el llamado statu quo, es decir que las autonomías no pierdan dinero. "Si el modelo actual no garantiza recursos suficientes, difícilmente aceptaremos un modelo que aporte menos recursos", indicó Carcedo, quien también justificó la exigencia de la nivelación total, es decir que haya dinero para todos los servicios transferidos.
