La falta de claridad del presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, sobre la declaración de independencia, no supone una incertidumbre sobre los pasos legales que se darán a partir de ahora. Los expertos en Derecho Constitucional consultados por este periódico, Ignacio Villaverde y Ramón Punset, coinciden en que el Gobierno de España ya ha marcado el camino: "Vamos a un 155". Esto es, a la puesta en marcha del artículo 155 de la Constitución, que prevé medidas excepcionales de toma de control por parte del Estado para recuperar la legalidad.
Para Villaverde, no obstante, la medida llega tarde, y se tenía que haber tomado ya desde el momento en el que el parlamento catalán aprobó la ley de referéndum. Y podría haber sido tanto por una actuación de oficio por parte del Tribunal Constitucional, para romper la "apariencia de institucionalidad", como por iniciativa del Gobierno. Pero no fue así. Y ahora para que se active el 155 es necesario un requerimiento previo a Cataluña que todavía no se realizó. "Para que la autorización del Senado al Gobierno no sea una carta blanca, el Gobierno tiene que presentar un plan de actuación y hacer una relación de incumplimientos de la legislación y de la Constitución".
Una vez que el Gobierno catalán reciba el requerimiento, de no cumplir con las medidas que se le exijan en el plazo entonces habrá llegado el momento de que el ejecutivo pida al Senado la activación de la 155. "Si el jueves a las diez no se recibe una respuesta satisfactoria, a las once de la mañana ya debería estar registrada en el Senado la petición para activar el 155", sostiene Villaverde.
El también catedrático de Constitucional Ramón Punset añadió que la duda ahora es saber si el Gobierno va a apostar por un procedimiento normal, que sería relativamente largo, o abreviado. "Conociendo a Mariano Rajoy cabe suponer que si no se acelera la proclamación institucional de la independencia por parte de Puigdemont, Rajoy tendrá más interés en exhibir las posibles armas y realizar una tramitación normal, lenta".
En cuanto a las medidas que podrían formar parte de ese 155, podrían ser de tres tipos, según Punset. En primer lugar, como ya se pusieron en marcha parcialmente, de tipo económico. En segundo lugar, de control de los Mossos de Escuadra por parte del Estado. Y si esto no es suficiente, el catedrático no descarta que el Gobierno tome las riendas políticas en algunas consejerías determinadas. "Pero lo que yo no veo es que el Gobierno disuelva el Parlamento de Cataluña y convoque elecciones. No le veo cobertura institucional, y no es indispensable para resolver los problemas. Se pueden utilizar competencias de la comunidad autónoma para restablecer el orden infringido, pero nada más". Y es que según Punset la Constitución no prevé "de ninguna manera" la suspensión de la autonomía.
La amenaza independentista de Cataluña ha venido a ser la gota que colmó el vaso para acometer la reforma de la Constitución, aseguran Ignacio Villaverde y Ramón Punset. "Yo quiero pensar que el Gobierno se ha dado cuenta de que no se puede seguir retrasando el afrontar la reforma constitucional", afirmó el primero. Y el segundo añadió: "Rajoy lo hará a rastras, a regañadientes, porque no quiere quedarse solo y necesita el apoyo del PSOE, que está muy empeñado en la reforma, y no digamos el PSC".
Según Villaverde, la Constitución Española de 1978 está técnicamente bien hecha, es correcta y sigue funcionando, pero en algunos extremos no funciona del todo bien o es necesario adaptarla a los tiempos. "Creo que ha llegado el momento de una reforma en lo esencial, porque ni lo que dice ni sus silencios sirven para resolver ciertos problemas de convivencia, como el de Cataluña. Además las generaciones más jóvenes se van desligando de la Constitución y así su viveza se apaga, necesita un meneo para que la gente vuelva a sentirla como obra suya".
Punset recomienda "ideas muy claras y cabeza muy fría" para abordar la reforma, sin intentar satisfacer a los independentistas, "porque nunca lo estarán". Su propuesta pasa por el federalismo que suponga un gobierno compartido, y en el que las comunidades autónomas tengan papel de decisión y protagonismo a través del Senado. "Hay que hacer la reforma con determinación pero sin acelerarse. Seis meses de estudio y otros seis para poner en marcha el procedimiento".
