Los líderes independentistas catalanes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, cometieron sedición, aseguran los profesores de Derecho de la Universidad de Oviedo José María Roca y Javier Fernández Teruelo. El catedrático José Manuel Paredes cree, sin embargo, que los hechos investigados (impedir la salida de la Guardia Civil tras los registros del 20 de septiembre) "dudosamente caben en el tipo de sedición, creo que la Fiscalía sobreactúa dentro del contexto político". Paredes rebaja la calificación: "En tal caso estaríamos hablando de atentado a la autoridad, de altercados públicos", añade.
Los juristas asturianos tampoco son unánimes a la hora de justificar la prisión incondicional dictada contra los dos líderes independentistas. "Los supuestos para dictarla están muy tasados: la huida, la posibilidad de seguir delinquiendo, la destrucción de pruebas. El auto, sin embargo, habla de la gravedad del delito. "No parece suficiente razón", sostiene Teruelo. Roca fue por este mismo camino, pero llegando a una conclusión diferente: "Hay que confiar en la justicia, tengo que confiar en el Estado de derecho. Existen garantías que asisten a los acusados: la apelación y también la denuncia a la jueza. Pasó cuando Elpidio Silva dictó prisión contra Blesa: le apartaron de la carrera judicial", apunta el también decano de Derecho.
Los dos debates se sostienen sobre la definición de un delito que "desde el franquismo" no había salido a colación, señala Paredes. Sus compañeros, sin embargo, lo tienen más claro. Tanto Teruelo como Roca acuden al Código Penal para explicar que la sedición es un tipo penal que se aplica a quienes se alzan tumultuariamente "para impedir por la fuerza la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad el legítimo ejercicio de las resoluciones administrativas o judiciales". "A la vista de lo que dice el auto, lo que hicieron los dos fue impedir la salida de la Guardia Civil", asegura Javier Fernández Teruelo. La jueza Lamela acusa a "los Jordis" de liderar una acción conjunta para impedir a la Guardia Civil obedecer a los jueces que habían ordenado los registros. "Entiendo que si la jueza ordena la prisión para Sànchez y Cuixart es porque tiene bien argumentada la acción en los informes policiales previos. Tenemos a tres acusados con dos medidas distintas", recalca José María Roca, el decano de la Facultad de Derecho.
La causa abierta contra Sànchez y Cuixart se completa con la abierta contra el mayor Josep Lluís Trapero y una de sus subordinadas. Los hechos que investigan se refieren al día 20 de septiembre, cuando la Guardia Civil entró en las instalaciones de la Generalitat con la orden de registrar y descubrir elementos que pudieran hacer factible el referéndum que estaba convocado para el 1 de octubre.
