18 de octubre de 2017
18.10.2017
Desafío independentista

Trapero antepuso la idea de "seguridad ciudadana" en la protesta del 20 de septiembre

La Audiencia Nacional ha ordenado a los Mossos que identifiquen a los agentes que intervinieron en el dispositivo el 1-O

19.10.2017 | 00:34
Trapero, antes de declarar.

El mayor de los Mossos de'Esquadra, Josep Lluís Trapero, aseguró a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela -durante la primera declaración que prestó el pasado 6 de octubre por un presunto delito de sedición- que no se pudo crear un cordón de protección frente a la Consejería de Economía durante la jornada del pasado 20 de septiembre, cuando se produjeron graves incidentes durante el registro que se realizó en este departamento para evitar el referéndum del 1-O. "Era imposible sin causar un problema de seguridad y de orden público", apuntó.

Así puede escucharse en los audios de la declaración -publicados por el diario Ara y recogidos por Europa Press- en los que el mayor de los Mossos niega haber hecho caso omiso de los requerimientos realizados por la Guardia Civil y los miembros de la comisión judicial que realizaban el registro en dicha Consejería. La concentración de miles de personas a las puertas del edificio motivó que la comitiva judicial no pudiera salir del mismo al completo hasta altas horas de la madrugada, y los vehículos policiales quedaron destrozados.

Durante el interrogatorio la juez preguntó a Trapero por el hecho de que la Guardia Civil manifestara que requirió hasta en cinco ocasiones apoyo de los Mossos sin obtener una respuesta adecuada. Según Trapero, y por el contrario "se iban destinando todos los recursos a la zona y se variaron durante todo el día", algo que podría demostrar documentalmente.

Según el relato de Trapero, a las nueve y cuarto de la mañana, cuando comenzó el registro ordenado por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona sólo había dos unidades destinadas al lugar, cada una con 7 agentes, si bien a preguntas de la juez el mando de los Mossos no pudo precisar a cuantos metros se encontraban de la puerta de la Consejería.

A largo de la mañana, según aseguró Trapero, se fueron designando efectivos llegando hasta los 16 o 17 equipos poniendo el foco en el Rambla de Cataluña. "Piense que allí llegó a haber 40.000 personas", dijo Trapero a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3.

A preguntas de juez, que pregunta cuál era la razón por la que los guardias civiles no podían ver a tales efectivos de los Mossos, Trapero contesta que "no los ven porque la masa impide verlos", si bien reconoce que ello es porque se sitúan "detrás de la masa". En este momento el mosso precisa que era imposible dar una protección de 40 metros alrededor del edificio "sin causar un problema de seguridad ciudadana y de orden público".

En otro momento de la declaración Trapero señala que sobre las seis y media de la tarde del 20 de septiembre se "empieza a trabajar" en un pasillo de seguridad para permitir la salida de la comisión judicial "con personas de la Asamblea Nacional Catalana", que había ido reclutando esta organización y que llevaban un peto. "Se ofrecen para ello", precisa Trapero a la juez.

A partir de ese momento la declaración de Trapero se centra en explicar por qué dicho pasillo no llegó a utilizarse. Alude a dos conversaciones telefónicas con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, José María Barrientos, a quien expone la situación tras mostrarse éste preocupado por las imágenes de la concentración que había visto durante todo el día.

Según Trapero, en una segunda conversación el propio Barrientos le habla de que se iba a producir un retraso en la salida de la letrada de la administración de justicia y de los agentes del la Guardia Civil que la acompañaban porque "habían entrado unos 'habeas corpus'" y además se había recusado al juez, y que tras preguntar por ello directamente a la guardia civil se le indicó que la diligencia podría durar "toda la noche por unos problemas informáticos". Por ello se anuló el pasillo de seguridad.

Pese a dichas informaciones Trapero llamó directamente a la secretaria judicial, que le dijo que ya habían terminado y necesitaban salir. No obstante, los agentes del instituto armado se negaron a hacerlo si no podían acceder a los coches -que según el mosso estaban totalmente rodeados e inutilizados, con las ruedas pinchadas-, y la secretaria les comunicó que tampoco iba a hacerlo sola, según su versión. Por ello se acordó la salida de esta funcionaria aprovechando el final de una función teatral en un edificio anexo.

La Audiencia Nacional pide identificar a Mossos que actuaron el 1-O


La Audiencia Nacional ha ordenado a los Mossos d'Esquadra que identifiquen a los agentes de la policía catalana que intervinieron en el dispositivo para impedir la celebración del referéndum del 1-O, en el marco de la causa en la que está imputado por sedición el mayor, Josep Lluís Trapero.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha encargado a la policía catalana, a instancias de la Fiscalía, que detalle el número profesional (TIP) de los Mossos d'Esquadra desplegados el pasado 1 de octubre y qué actuación llevaron a cabo para evitar la votación, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional.

Esta diligencia se incluye en la causa abierta por sedición al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, a raíz del asedio a la Guardia Civil en el registro de la consellería de Economía el pasado 20 de septiembre, que la Fiscalía pretende ampliar ahora a la supuesta pasividad de la policía catalana para impedir el referéndum.

Después de que la Fiscalía pidiese cárcel para Trapero tras su comparecencia en la Audiencia Nacional el pasado lunes, la juez acordó dejarle en libertad pero le impuso como medidas cautelares comparecencias quincenales, la retirada del pasaporte y prohibición de salir de España y la fijación de una persona y un domicilio para estar localizable.

Paralelamente a la diligencia ordenada ahora por la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía, los Mossos d'Esquadra también han abierto una investigación interna para determinar si algún agente, a título personal, no siguió las instrucciones que se habían trasmitido para impedir la votación del 1-O.

Con esta medida, la jefatura de los Mossos pretende descubrir si hubo conductas individuales por parte de algún agente que no cumplió con las órdenes recibidas y analizar si había algún motivo que lo justificara.

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