El Ministerio del Interior, tras consultar con la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, ha decidido por razones organizativas y para facilitar la labor de las defensas agrupar a los siete hombres exmiembros del Govern en una misma cárcel, la de Estremera, y a las dos mujeres en otra, la de Alcalá Meco.

Así lo han asegurado a Efe fuentes del Ministerio del Interior, que han informado de este cambio después de que en un principio se hubiera decidido ingresar al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los ocho exconsellers a los que Lamela ha enviado a prisión en cinco cárceles distintas de Madrid.

Finalmente, según las mismas fuentes, Interior ha creído oportuno que estén en solo dos centros penitenciarios, tanto por razones organizativas como para que los abogados defensores puedan hacer mejor su trabajo.

Junqueras, y los exconseller de Interior Joaquín Forn, de Presidencia Jordi Turull, de Asuntos Internacionales Raül Romeva, de Territorio Josep Rull, de Justicia Carles Mundó y de Empresa Santi Vila han ingresado en la cárcel de Estremera, la prisión más moderna que, además, dispone de un sistema de videoconferencia por si las defensas lo precisan.

Así es la cárcel de Estremera donde han sido enviados los exconsejeros

Así es la cárcel de Estremera donde han sido enviados los exconsejeros

Así es Estremera, la cárcel más moderna de Madrid. Agencia ATLAS | EFE

Por su parte, Dolors Bassa (Trabajo) y Meritxell Borrás (Agricultura) han sido conducidas a la cárcel de Alcalá Meco (Madrid I).

Fuentes de Interior han indicado también que no se ha optado por la cárcel de Soto del Real porque ya soporta suficiente presión y se quiere preservar su funcionamiento ordinario.

La magistrada Carmen Lamela ha dictado auto de prisión sin fianza para todos ellos salvo para Vila, el único que dimitió antes de que se votara la declaración unilateral de independencia, y que puede eludir la cárcel si abona una fianza de 50.000 euros.

Los exconsejeros llaman a la calma

Mientras, algunos de los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña que han sido enviados este jueves a prisión provisional por los delitos de rebelión, sedición y malversación por la proclamación de la independencia han llamado a la "calma" y la "tranquilidad" para evitar que las consecuencias de posibles "episodios" se conviertan en "medidas más represivas" contra ellos.

Así lo ha dicho Jaume Alonso-Cuevillas, abogado de Carles Puigdemont -que no ha comparecido este jueves en la Audiencia Nacional-, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, Joaquim Forn, Lluís Puig y Clara Ponsatí -estos dos últimos tampoco han acudido a prestar declaración-, a los medios de comunicación tras conocer el auto en el que la jueza Carmen Lamela ha decretado el ingreso en prisión de los consejeros que sí han declarado.

"Mis clientes están muy serenos porque era muy probable que esto acabara así. Y hacen un llamamiento hacia la calma, en particular a la gente de Cataluña para que continúe la calma, la tranquilidad y no se produzca un episodio de ningún tipo, ni sea justificación para los que prefieren adoptar medidas más represivas", ha dicho Alonso-Cuevillas.

Situación "insólita" y de indefensión

El abogado ha manifestado que la sensación después de las declaraciones es de "gran tristeza" porque se ha producido una situación "insólita": la adopción de medidas cautelares sin valorar las circunstancias personales y los casos concretos de cada uno de los investigados. Según ha explicado, no se ha podido ejercer una defensa en condiciones porque la vistilla que se ha celebrado para analizar las peticiones de prisión por parte del Ministerio Público se ha hecho de forma conjunta.

También ha destacado que se ha dado una gran indefensión porque sólo han tenido "dos o tres horas" para poder preparar el interrogatorio relacionado con todos los hechos relacionados del denominado 'procès'. En este sentido, ha precisado que la notificación de la citación y el conocimiento de la querella de la Fiscalía se produjo hace menos de 48 horas y que sus clientes han tenido dificultades "logísticas" para desplazarse desde Barcelona hasta Madrid por culpa de los "ánimos encrespados".

Por estos motivos, ha apostillado, que han solicitado el aplazamiento de las declaraciones para poder "preparar la estrategia de la defensa" y ha criticado que la magistrada de la Audiencia Nacional no haya aceptado esta petición, al contrario del Tribunal Supremo que sí ha suspendido las comparecencias de la presidenta del Parlamento de Cataluña, Carmen Forcadell, y los cinco exmiembros de la Mesa de la cámara parlamentaria hasta el 9 de noviembre.

"Gente pacifista"

Ha añadido que también que "ha sido más grave" que se hayan alterado el orden previsto de las declaraciones de los investigados y sin la presencia del abogado que representa a los miembros de ERC, Andreu Van Den Eynde, que se encontraba en el alto tribunal para defender a Forcadell. "Es un motivo de nulidad flagrante porque todos los letrados tienen derecho a asistir a todas las declaraciones porque uno de mis clientes podría haber dicho algo que incriminara a los clientes de otro letrado", ha precisado.

Precisamente, Van Den Eynde, que defiende al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, Carles Mundó, Raúl Römeva y Dolors Bassa, también ha expresado ese sentimiento de tristeza al ver "cómo gente a los que se le puede definir como pacifistas, que no pueden contemplar en forma alguna otra forma de discutir cuestiones cívicas o políticas que no sea el ejercicio pacífico, estén en prisión por una imputación de un delito que es absurda y se basa en la violencia que ellos rechazan".

Igualmente, ha afeado que la juez de la Audiencia Nacional no haya respondido "a ninguna cuestión humanitaria" ni haya tenido "ningún reparo en dejar sin contestar todos los argumentos y pruebas" que han aportado para demostrar que no hay riesgo de fuga y que descartase la imposición de medidas cautelares. "Es una resolución predeterminada y la vamos a cuestionar dónde sea o dónde haga falta. No cumple ninguno de lo estándares internacionales", ha agregado.