El Tribunal de Cuentas inició ya el procedimiento para embargar al expresidente catalán Artur Mas y a varios de sus exconsejeros con la comprobación de los bienes aportados para garantizar los 2,4 millones pendientes, hasta completar los 5,2 millones de fianza impuestos por los gastos generados por la consulta ilegal del 9 de noviembre. Tras recibir la documentación sobre las propiedades con las que Mas y los exconsellers Francesc Homs, Irene Rigau y Joana Ortega pretenden afianzar la cantidad todavía no aportada, el Tribunal dedicará la próxima semana a comprobar su situación registral y si sobre ellas pesan otras cargas.
Con la entrega de 400.000 euros, que formalizó el jueves, la cantidad asegurada por Mas se eleva a 2,8 millones de euros. Restan 2,4 millones que deberán cubrirse con la garantía de las propiedades de los demandados.
El plazo para depositar las fianzas concluían ayer, pese a que los abogados de Mas y sus antiguos consejeros pidieron una prórroga, solicitud a la que Tribunal de Cuentas todavía no respondió. En su escrito, los letrados anticipaban que sus representados estaban tasando inmuebles de su propiedad, por si fueran necesarios "como último recurso". Insisten al Tribunal en que el ingreso de 2,8 millones acredita su voluntad de hacer frente a estos abonos "pese a su elevada cuantía", que ven injustificada al considerar que no hubo malversación.
