El Congreso aprobó ayer la modificación del concierto económico vasco y el nuevo cupo para el quinquenio 2017-2021. Euskadi pagará al Estado 1.300 millones al año, 225 menos que con el acuerdo anterior. La Cámara dio luz verde a ambos proyectos de ley por amplia mayoría, pero, así y todo, con mayor oposición que nunca, y en medio de un áspero debate entre PP y Cs, a cuyo líder, Albert Rivera, tachó de "oportunista" el popular Javier Maroto.
Cs presentó sendas enmiendas a la totalidad y sus 32 diputados votaron en contra, lo mismo que hicieron los 4 de Compromís. La modificación del concierto económico cosechó 294 votos a favor y el nuevo cupo, 292, pues Bildu optó aquí por la abstención. El diputado valenciano de IU Ricardo Sixto prefirió ausentarse del Hemiciclo.
El cupo es la aportación anual que el País Vasco ingresa en las arcas del Estado por las competencias que el Gobierno central ejerce en exclusiva: Defensa, representación exterior y gestión de infraestructuras como aeropuertos, puertos y ferrocarriles.
El monto del cupo se determina cada cinco años en negociaciones entre el ejecutivo central y el vasco. La última ley del cupo fue aprobada en 2007, cuando la aportación quedó fijada en 1.525 millones anuales. En la anterior, de 2002, la cantidad acordada fue de 1.090 millones.
El cupo debía haberse renovado en 2011, pero las discrepancias sobre la metodología para calcularlo lo hicieron imposible. Sin embargo, la falta de apoyos para sacar adelante los Presupuestos Generales de 2017 forzó al Gobierno a aceptar las condiciones del PNV, que se cobró bien caro el respaldo a las cuentas del Estado: además de nuevo cupo, el Gobierno aceptó devolver a Euskadi 1.400 millones por los retrasos acumulados desde 2007.
De estas cifras tiró ayer el presidente de Cs para justificar las dos enmiendas a la totalidad. Le llovieron críticas de todos los partidos, pero el más molesto era el PP, que le acusó de caer en el "electoralismo cortoplacista".
Rivera se defendió atacando. No puso en cuestión el concierto, sino el cupo, al que denominó "cuponazo", y que no responde, en su opinión, "a un cálculo técnico, sino a un amaño político", y constituye un "fraude" a la Constitución y al principio de igualdad de todos los españoles.
El líder de Ciudadanos, además, llevó el debate al terreno de la reforma (pendiente) de la financiación autonómica, que urgió a cerrar. "¿Por qué no es urgente pensar en las otras comunidades y sólo es urgente pensar en el acuerdo con el País Vasco?", se preguntó Rivera. Y lanzó otras críticas contra esta "injusticia": el País Vasco es "receptor neto del resto de comunidades" y está "subvencionado" en casi un 30 por ciento.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, situó el tono y las palabras de Rivera en el marco de la precampaña de las elecciones catalanas del 21-D y le reprochó: "Ciertos calificativos sobran, ciertos enfrentamientos entre ciudadanos sobran, sobra el énfasis en agravios comparativos".
Y le comparó sutilmente con los independentistas catalanes: "Cuando en vez de normalizar la relación institucional lo que se hace es poner el énfasis en el agravio, se lleva al enfrentamiento entre españoles, lo haga un partido político en esta Cámara o un dirigente autonómico en su comunidad".
También Montoro llamó a todos los partidos -pero, sobre todo, al PSOE- a sentarse a negociar ya el nuevo modelo de financiación autonómica: el de todas las comunidades menos Euskadi y Navarra. La misma reclamación que hizo Pedro Saura (PSOE), aunque aprovechando para afear al Gobierno su "nula voluntad política" para plantear su modelo de financiación
