El Gobierno ha propuestoal magistrado del Tribunal Supremo Julián Sánchez Melgar como nuevo fiscal general del Estado en sustitución de José Manuel Maza, una designación que ha sido considerada unánimemente como de continuidad sobre la línea emprendida por su desaparecido predecesor.

La vacante generada en la Fiscalía General del Estado por José Manuel Maza, que falleció el pasado fin de semana en Buenos Aires por las complicaciones derivadas de una infección renal, ha sido cubierta con otro magistrado del Supremo especialista en Penal, conservador y cercano a la cúpula de este tribunal.

Por si fuera poco, Melgar ya ha participado en la gestión procesal del principal asunto al que deberá enfrentarse, la querella por el "procés" hacia la declaración unilateral de independencia: formó parte de la sala del Supremo que admitió a trámite esa querella de Maza y que abrió la puerta a la unificación de los procesos seguidos por esos hechos que ha sido decidida hoy por el alto tribunal.

El nombramiento de este magistrado de carácter accesible y dialogante, nacido en Palencia en 1955, casado y con dos hijos, ha sido interpretado en esa clave continuista tanto por el propio ejecutivo como por el PSOE.

Así, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que no cree que Julián Sánchez Melgar cambie sustancialmente el rumbo de la institución ante el "procés".

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha dicho que la elección de Sánchez Melgar es un "nombramiento político que responde a los intereses del Gobierno, como lo fue en su momento el de (José Manuel) Maza". Ambos tienen "perfiles muy parecidos", ha añadido antes de concluir que Sánchez Melgar supone una "continuidad" respecto a su predecesor.

A su vez, la portavoz del PSOE en el Congreso, Margarita Robles, ha pedido hoy al Gobierno que explique por qué dijo que iba a consultar a los partidos de la oposición el nombre del nuevo fiscal general del Estado y finalmente no lo ha hecho.

A este último respecto Catalá ha respondido que confía en que el nuevo Fiscal General tendrá el máximo "reconocimiento y apoyo" en el ámbito judicial y en los grupos parlamentarios a pesar de que el Ejecutivo no haya consultado su nombre ni al PSOE ni a Ciudadanos.

Por su parte, las tres asociaciones de fiscales de España han destacado el prestigio jurídico del magistrado.

La presidenta de la conservadora Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha comentado que es un jurista "de competencia sobrada y gran capacidad de comprensión y diálogo".

Por su lado, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Emilio Fernández, ha señalado que habría preferido que se tratara de alguien procedente de la carrera fiscal, ya que conocería mejor todo lo relativo a la organización de la Fiscalía, aunque ha aclarado que Julián Sánchez Melgar es un "eminente jurista".

El nuevo fiscal general, que tras una serie de recientes jubilaciones era uno de los más veteranos miembros de la Sala de lo Penal del Supremo, tiene en su carrera varios asuntos destacables, entre los que destaca el haber sido ponente de la llamada Doctrina Parot, que permitió el cumplimiento íntegro de penas para etarras.

Además de ser ponente de la citada doctrina, que tumbó el Tribunal de Estrasburgo, Melgar tiene otros capítulos reseñados, como su voto particular contrario a la llamada Doctrina Botín, favorable al desaparecido banquero.

Junto a ello, ha participado en labores de control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Estuvo destinado en la Audiencia Territorial de Barcelona y llegó a presidente de la Audiencia de Ávila con menos de 40 años. Allí permaneció hasta su nombramiento para el alto tribunal.