PSOE y Podemos criticaron ayer los cambios en el tribunal que juzgará la "caja B" del PP, del que quedaron excluidos dos de los magistrados que juzgaron la primera etapa del caso Gürtel y que llamaron a declarar al presidente Rajoy.

La portavoz socialista Margarita Robles ve "preocupante y "sorprendente" la decisión de la Audiencia Nacional de modificar la composición del tribunal. Estos cambios "no ayudan" a dar credibilidad a la Administración de Justicia, según Robles.

"Tengo la sensación de que el PP se ha quitado todas las caretas", afirmaba por su parte la portavoz parlamentaria de Podemos, Irene Montero, tras acusar a los populares de querer dirigir el Estado "como si fuese Génova 13".

El titular de Justicia, Rafael Catalá, rechazó las críticas políticos a los cambios en el tribunal por considerar que responden a decisiones de un órgano judicial "que no ha elegido el ministro ni el Gobierno del PP".

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional modificó la composición del tribunal que estaba previsto que juzgara el caso de la presunta "caja B" del PP, vinculada al pago en negro de las obras de su sede nacional, en el que el partido figura como responsable civil directo. Los cinco magistrados que forman parte de la Sala de Gobierno aprobaron por unanimidad las normas de reparto propuestas por la nueva presidenta de la Sección segunda de la Sala de lo Penal, María José Rodríguez Duplá. Estos cambios suponen que los magistrados Ángel Hurtado y Julio de Diego queden fuera del tribunal. José de Prada, de talante progresista, va a seguir formando parte de dicho tribunal junto a los conservadores Juan Pablo González y Duplá. Tanto De Diego como De Prada solicitaron el desistimiento de las nuevas normas y reclaman otros criterios de composición "que garanticen la permanencia de los tribunales en procedimientos especialmente sensibles como el señalado". La acusación que ejerce IU en el caso Bárcenas se plantea impugnar el acuerdo de la Audiencia Nacional por entender que vulnera el derecho al juez natural predeterminado por la ley.