El exinterventor de la Junta de Andalucía Manuel Gómez replicó ayer en el juicio de la pieza política del "caso ERE", en el que está procesado junto a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que "no omitió" su deber de control y alertó en "numerosos informes" de irregularidades administrativas. El jueves, las defensas de Chaves y Griñán alegaron que estos desconocían las irregularidades al no haber sido alertados por la Intervención.
En la sesión de ayer del juicio, la tercera, se completaron las lecturas de los escritos de las defensas. La vista oral no se reanudará hasta el 9 de enero, con la formulación de cuestiones previas. El magistrado ponente, Juan Antonio Calle Peña, planteó a las partes la posibilidad de celebrar varias sesiones la próxima semana. La Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares (PP y Manos Limpias) no se opusieron, pero sí lo hicieron varios abogados, ya que, alegaron tienen señalados con anterioridad otros juicios.
Gómez se enfrenta a ocho años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y asociación ilícita. Su defensa mantiene que "plasmó en los correspondientes informes las irregularidades detectadas" en el sistema de concesión de ayudas públicas y "los remitió a quienes tenían competencia y poder decisorio para adoptar las medidas oportunas".
El exinterventor defiende que, pese a haber calificado de "inadecuado" el pago de las ayudas mediante transferencias de financiación de la agencia pública IFA/IDEA con dinero de la Consejería de Empleo, sus informes eran favorables por la "corrección procedimental" seguida en los pagos, ya que las modificaciones presupuestarias eran incluso aprobadas por el Pleno del Parlamento.
La defensa de Gómez se pregunta "qué resolución en concreto debió dictar o qué informe vinculante debió emitir y no hizo pese a venir obligado a ello" y critica la "vaguedad" e "imprecisión" de la acusación contra él exinterventor.
