Jordi Turull, diputado electo de Junts per Catalunya (JxC), no descartó ayer que el independentismo recurra a la "vía telemática" para investir a Carles Puigdemont. Es decir, que el candidato de JxC, que huyó a Bruselas para no ir la cárcel, se someta al escrutinio del Parlament pero a distancia, en el "exilio", como a él le gusta presentar su actual situación, burlando la orden de detención que le espera en España.

ERC no se ha pronunciado al respecto y la CUP tampoco, pero el portavoz de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, advirtió ayer que su partido se opondrá de firme a esa posibilidad: "Esto es un invento de Turull, como lo fue el censo universal del referéndum del 1-O. No existe. No reconoceríamos una investidura de alguien que no estuviera en el Parlament, y pudiera hacer un discurso como hay que hacerlo y ser votado".

El "número tres" del PSOE, José Luis Ábalos, tachó la "vía telemática" de idea "propia del delirio independentista". Y el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, consideró que se trata de otra "genialidad" del soberanismo que supondría "ridiculizar" a los electores catalanes.

Los propios jueces intervinieron en la polémica, tildándola de "ocurrencia". Con todo, Raimundo de Prado, de la Asociación de Francisco de Vitoria, admite que la Mesa del Parlament podría plantear una reforma del reglamento de la Cámara para habilitar la "vía telemática", que ahora no se contempla. Eso sí, advirtió, "cualquier acto de este tipo está sometido a la acción contencioso-administrativa".

Los grupos independentistas, que suman mayoría absoluta de 70 diputados, podrían modificar el reglamento del Parlament para habilitar el voto telemático.

El reglamento del Parlament tampoco permite el voto telemático, así que ni Puigdemont ni los diputados electos presos o huidos a Bélgica (8 en total) podrían votar en la investidura. Estaría en riesgo la mayoría soberanista.

Según el reglamento, la reforma exigiría crear una ponencia que, en un plazo de tres meses, elabore una proposición de ley que después debe ser aprobada por mayoría absoluta.

Un plazo, este de tres meses, que complicaría sobremanera la investidura, ya que el 7 de abril se agota el plazo para investir a un nuevo president y, de haberse logrado en esa fecha, habría que repetir las elecciones. Sin embargo, el TC permite hacer la reforma por vía de la máxima urgencia y en lectura única. Eso sí, los grupos de la oposición podrían presentar enmiendas y éstas deben ser tramitadas adecuadamente.

Para todo ello será de capital importancia la composición de la Mesa del Parlament, que Cs quiere presidir para tratar de frenar nuevos desmanes soberanistas.