El Juzgado Central de lo Penal comienza este lunes a juzgar a empresarios y a la excúpula del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV) liderado por Francisco Camps por la presunta financiación ilegal de la formación política en el marco de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008, cuyos actos fueron realizados por la trama Gürtel.

A continuación se detalla el listado de las 20 personas acusadas, sus cargos, los delitos y la petición de penas de la Fiscalía Anticorrupción.

Grupo de Correa

Francisco Correa. Empresario y 'cabecilla' de la trama Gürtel. Fiscalía pide para él 24 años y medio de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, un delito de falsedad documental y siete delitos contra la Hacienda Pública.

Pablo Crespo. Número dos de la trama Gürtel y exsecretario de Organización del PP en Galicia. Fiscalía pide para él 24 años y medio de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, un delito de falsedad documental y siete delitos contra la Hacienda Pública.

Álvaro Pérez, 'El Bigotes. Responsable de la empresa Orange Market. Fiscalía pide para él 27 años de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, un delito de falsedad documental y ocho delitos contra la Hacienda Pública.

Cándido Herrero. Consejero delegado y contable de Orange Market. Fiscalía pide para él 19 años y medio de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008, un delito de falsedad documental y cinco delitos contra la Hacienda Pública.

José Ramón Blanco Balín. Asesor de Francisco Correa y considerado el 'cerebro' financiero de la trama*Gürtel. Fiscalía pide para él 17 años y medio de prisión por siete delitos fiscales.

Ex altos cargos del PP de Valencia

Vicente Rambla. Exvicepresidente de la Comunidad Valenciana. Fiscalía pide para él siete años y nueve meses de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

Ricardo Costa. Exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana y exdiputado regional. Fiscalía pide para él siete años y nueve meses de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

Cristina Ibáñez. Exgerente del PP de la Comunidad Valenciana. Fiscalía pide para ella siete años y nueve meses de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

David Serra. Exvicesecretario de Organización y exdiputado regional. Fiscalía pide para él siete años y nueve meses de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

YOLANDA GARCÍA SANTOS. Extesorera del PP de la Comunidad Valenciana y exdiputada regional. Fiscalía pide para ella seis meses de prisión por un delito electoral correspondiente a las elecciones generales de 2008.

Empresarios que han pactado

Gabriel Alberto Batalla. Administrador del grupo Lubasa Desarrollos Inmobiliarios. Ha aceptado la pena de un año y 9 meses por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

Enrique Gimeno. Administrador de Facsa y Aguas de Castellón. Ha aceptado la pena de un año y nueve meses por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

Antonio Pols. Consejero de Piaf S.L. Ha aceptado la pena de un año y nueve meses prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

Alejandro Pons. Consejero de Piaf S.L. Ha aceptado la pena de 1 año y nueve meses de prisión por tres delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

Tomás Martínez. Consejero de Padelsa Infraestructuras S.A., secretario del Consejo de Administración de CHM Obras e Infraestructuras S.A. y consejero del Grupo Villalba S.L. Ha aceptado la pena de un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y un delito de falsedad documental.

Rafael Martínez. Consejero delegado de Padelsa Infraestructuras S.A., presidente del Consejo de Administración de CHM Obras e Infraestructuras S.A. y consejero del Grupo Villalba S.L. Ha aceptado la pena de un año y nueve meses de prisión por dos delitos electorales correspondientes a las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y un delito de falsedad documental.

Enrique Ortiz. Dueño del Grupo Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras S.A. Ha aceptado la pena de un año y tres meses de prisión por un delito electoral correspondiente a las elecciones generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

José Francisco Bevía. 'Número dos' del Grupo Enrique Ortiz e Hijos Contratista de Obras S.A. Ha aceptado la pena de un año y tres meses de prisión por un delito electoral correspondiente a las elecciones generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

Vicente Cotino. Sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino y presidente del Consejo de Adminsitración de Sedesa Inversiones S.L. Sedesa Obras y Servicios S.A. y de Fundación Sedesa. Ha aceptado la pena de un año y tres meses de prisión por un delito electoral correspondiente a las elecciones generales de 2008 y un delito de falsedad documental.

José Enrique Fresquet Consejero de Padelsa Infraestructuras S.A. Le acusa la acusación popular ejercida por el PSOE valenciano y pide para él un año y seis meses de prisión.