Los tres diputados encarcelados y los cinco huidos a Bruselas no podrán delegar su voto. Así lo establecen los letrados del Parlament en un informe en el que apuntan que las circunstancias en las que puede votarse a través de personas interpuesta están bien definidas en el reglamento de la Cámara y no incluyen ninguna de las situaciones en las que se encuentran los parlamentarios secesionistas. La Mesa tendrá la última palabra, pero lo letrados señalan que un acuerdo de delegación del voto "difícilmente encajaría en la letra y el espíritu de la norma".

Los soberanistas quedarían sin ocho de sus setenta parlamentarios si se mantiene el criterio de los letrados y estarían en minoría frente a los 65 representantes del resto de los grupos. El juez del Supremo Pablo Llarena abrió la puerta a que los diputados encarcelados pudieran delegar su voto en el auto en el que denegó el permiso para que acudieran a las sesiones del Parlament. Para proteger sus derechos de representación, Llarena declaró a Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Joaquim Forn en situación de "incapacidad legal prolongada", dejando en manos de los órganos rectores de la Cámara que se aceptara la delegación de voto. A la vista ahora del informe de los letrados, esa posibilidad se complica y quedaría, previsiblemente, a criterio de la mesa de edad que se forme mañana miércoles la decisión sobre el voto de los encarcelados. Los tres miembros de la citada mesa son de ERC, el partido de Junqueras.

Los exconsejeros Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret presentaron ayer sus credenciales para convertirse en diputados, los dos primeros por JxCat y la tercera por ERC, con lo que se cierra la posibilidad, por ahora, de su renuncia para que corra la lista y garantizar así la mayoría soberanista.