Los empresarios admiten pagos ilegales

A viva voz y sin dar tiempo a que se repusieran de una larga jornada de vista oral, que los abogados de la veintena de acusados por la financiación ilegal del PP en la Comunidad habían empleado en desplegar todo un catálogo de cuestiones previas que pudieran aliviar a sus clientes, en todo o en parte, del trance en el que se encuentran, el magistrado de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrrubia frenó de un plumazo sus pretensiones. Sin miramientos.

Y lo hizo en especial con las defensas de los cinco exdirigentes populares (Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra, Yolanda García y Cristina Ibáñez) y las de cuatro de los cinco miembros de Orange Market. S.L. (Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero y José Ramón Blanco Balín), a las que, además de rechazar todos sus planteamientos, les llamó "extraordinariamente contumaces" por seguir planteando las mismas cuestiones que en distintos procesos de la trama Gürtel o en este mismo ya se han resuelto, dijo.

Tal era el caso de si los hechos que se les imputan están prescritos, lo que el magistrado rechazó de plano como ya habían hecho antes la fiscal Myriam Segura y el abogado del Estado. De si eran legales las grabaciones del concejal José Luis Peñas que dieron origen al caso Gürtel, algo que la Audiencia Nacional resolvió en 2013, según precisó el magistrado no sin cierto tono de enfado en su voz. De si las escuchas telefónicas estabas justificadas, de lo que dijo que no había ninguna duda. O de si los registros y cadenas de custodia se habían llevado a cabo sin tacha, algo sobre lo que también ya hay pronunciamientos previos en procesos como el de los contratos de Fitur.Sin ordenador en prisión

Así fue sucesivamente el magistrado tumbando uno tras otro todos los argumentos de unas defensas que, como la de Pablo Crespo, llevó hasta la sala incluso la queja por el hecho de que a su cliente no pudiera disponer de un ordenador en la cárcel, donde se encuentra cumpliendo condena por Fitur al igual que Correa y Álvaro Pérez, para colaborar en su defensa.

Ningún titubeo mostró tampoco el magistrado acerca de la concrección de los hechos que se imputan a los acusados, otras de las cuestiones planteadas por varias defensas, que aseguran que son imprecisos. Y se mostró igual de firme en su oposición a incorporar testimonios de otros procedimientos, como el de Mariano Rajoy en el último juicio de Gürtel, o la causa que supuso la expulsión de la carrera judicial de Baltasar Garzón por las escuchas a miembros de la trama corrupta de conversaciones con sus abogados en la cárcel. "La contaminación retroactiva no existe", espetó el magistrado ante una bancada, la de los abogados de las defensas, que le escuchaban entre sorprendidos y visiblemente molestos ante la evidencia de que no había admitido ni uno solo de sus argumentos, muchos de ellos coincidentes. "Y ahora, para no hacer un coro de protestas, ponemos que todos lo hacen", apostilló, soliviantando todavía más los ánimos de los letrados.

Ricardo Costa, entre tanto, no dejaba de intercambiar miradas de asombro y de contrariedad con su abogado, a quien también frustró que pudiera incorporar un informe pericial en el que no sólo se declara inocente de la financiación sino que apunta a otros compañeros de partido como posibles responsables de los delitos que a él se le imputan. "Costa está aquí a falta de un actor principal", dijo su defensa en alusión al PP.

Quien no se juega nada

Mientras, el sector empresarial del proceso encajaba las palabras del juez Honrubia con la tranquilad de quien sabe que no se está jugando nada. Los diez empresarios acusados, que al final han quedado en nueve tras retirar la acusación popular del PSPV los cargos contra uno de ellos, José Enrique Fresquet, únicamente se limitaron a pedir a través de sus representantes que se les evite el engorro de tener que seguir asistiendo a las sesiones de un juicio al que aún le quedan muchas semanas. Una solicitud a la que el magistrado responderá una vez declaren, que será hoy y solo para ratificar el acuerdo que el pasado febrero firmaron con la Fiscalía Anticorrupción y que les ha supuesto la placidez de encarar este proceso con la seguridad de que no ingresarán en prisión, aunque para ello hayan tenido que abonar, en total, cerca de dos millones en concepto de multas.

Una estrategia iniciada por el empresario de Alicante Enrique Ortiz, seguida por el resto y al que el último en apuntarse ha sido el propio Correa, para quien la fiscal pide más de 24 años de cárcel, que podrían quedarse en un tercio si cumple la promesa de colaboración en los términos establecidos por la Fiscalía. De entrada, ayer su defensa no abrió la boca en claro contraste con las de sus otrora compañeros Pablo Crespo y Álvaro Pérez, "El Bigotes", que junto con la de Costa (a quien en sala le representan dos letrados) fueron las más beligerantes.

Ellos, los miembros de Orange Market y los exdirigentes populares, declararán después de que los empresarios ratifiquen ante su señoría los pagos ilegales a la filial valenciana de Correa por los trabajos que le hacían al PP de la Comunidad Valenciana.

En contra del criterio de la defensa del exdiputado David Serra, el magistrado Honrrubia también ha dado el visto bueno a mantener en el procedimiento las escuchas procedentes de los pinchazos del caso Brugal, localizadas por Anticorrupción durante su instrucción en un juzgado de Orihuela.

En el marco de esta investigación, la UDEF grabó conversaciones entre dirigentes de Orange Market y del PP sobre los pagos de Ortiz a la trama. En los pinchazos telefónicos, que datan de 2008, Serra le dice a El Bigotes que va a llamar "al de las galletas", en referencia, según los investigadores, a la conocida marca de repostería que comparte apellido con el empresario alicantino. Poco después, Pablo Crespo habla con el consejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero, al que le dice que "me llamaron de la fábrica de galletas" y que ya había recibido "la caja de magdalenas", en al alusión a las facturas que abonó el promotor.