El expresidente de la constructora OHL Juan Miguel Villar Mir ha rechazado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, haber pagado comisiones al gobierno madrileño de Esperanza Aguirre a cambio de la adjudicación de unas obra de metro en 2004, tal y como apuntó en sede judicial el presunto cerebro de la trama Púnica, David Marjaliza.

Según informan a Europa Press fuentes de la investigación, el empresario, que comparece en calidad de investigado, ha precisado ante el magistrado instructor que igualmente no hubo donaciones en 'b' al Partido Popular ya que, mientras fue presidente de la compañía, hubo "tolerancia cero" con la corrupción.

El juez que investiga la trama Púnica le había citado junto con otras cuatro personas más -entre ellas el empresario Javier López Madrid- por el presunto pago de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos públicos dependientes de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid, dirigida en el momento de los hechos por Francisco Granados.

Villar Mir ha sido el primero de los citados en declarar y lo ha hecho por marco de una hora, tras lo cual ha abandonado la sede de la Audiencia Nacional acompañado de sus letrados y sin hacer declaraciones a los medios que le aguardaban en la puerta.

López Madrid desmiente comisiones con Granados y Marjaliza

Por su parte, el empresario Javier López Madrid ha negado haberse repartido una comisión de 3,6 millones de euros con los dos principales imputados de la trama Púnica, Francisco Granados y David Marjaliza, resultado del amaño en la adjudicación de unas obras de Metro Madrid, según han informado fuentes de la investigación.

López Madrid, que ha declarado en calidad de investigado durante una hora y media ante el magistrado de la Audiencia Nacional García Castellón, ha precisado que las facturas que entregó el constructor el día de su última declaración judicial corresponden a actividades reales de asesoramiento inmobiliario en la localidad alemana de Dusseldorf, además de Parla y Valdemoro, esta último epicentro de la trama Púnica.

El magistrado le había citado a declarar para este martes junto con el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir y a otras tres personas más después de que Marjaliza apuntara a un amaño en la adjudicación de contratos públicos en 2004, año en que Francisco Granados estaba al frente de la Consejería de Transportes. Se refirió en concreto a las obras en Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexión entre la Línea 10 y el Metro S.

Al respecto, el empresario ha entregado abundante documentación al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 con la que pretende desmontar la versión del cerebro de la trama, según las fuentes consultadas. La misma vendría a poner de relieve las facturas que obran en la causa corresponden a operaciones inmobiliarias reales.

Mediador de OHL

A preguntas de las fiscales del caso, el investigado ha precisado que su labor consistió únicamente en poner en contacto OHL con Marjaliza ya que el grupo de la constructora tenía exceso de empresas con diferente calificación y vendían activos para que la sociedad de Marjaliza pudiera presentarse a concursos.

El magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Diego de Egea, explicó en su auto de citación que, de las pesquisas desarrolladas se dedujo que Granados, "abusando de su posición" en el gobierno madrileño garantizó un lote de adjudicaciones a favor de la empresa Obrum, vinculada a David Marjaliza, a cambio del pago de "importantes comisiones".

En dicho concierto participaría Javier López Madrid que aportó las calificaciones precisas que ostentaba la mercantil Elsan, del Grupo Villar Mir, para que la empresa de Marjaliza pudiese presentarse a los concursos, que se acomodarían a su favor.

Tras la declaración de López Madrid, el magistrado ha interrogado a Antonio Martín Jiménez, directivo de Obrum, quien ha dicho que su labor dentro de la sociedad de Marjaliza era la relativa a la ejecución de obras y que nunca tuvo responsabilidad alguna en las decisiones sobre los pliegos, siempre las citadas fuentes.