Primero fue una negativa rotunda del presidente Rajoy, quien en un encontronazo con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, garantizó que "ni un euro" del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) destinado a Cataluña se destinó a la consulta ilegal del 1 de octubre. Después el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, abrió la puerta a que ese desvío hubiera ocurrido con el uso de facturas falsas y pese a la certificaciones del destino final por la interventora de la Generalitat. Eso es lo que sostiene el titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, instructor de la causa por el 1-O quien aprecia una posible malversación de fondos públicos, por lo que ha aceptado la personación de la Abogacía General del Estado.

Durante la sesión de control al Gobierno, Albert Rivera, aludió al auto judicial, en el que se considera "evidente" ese cambio de destino de los fondos, para preguntar a Rajoy sobre el desvío de dinero del FLA, cuyo objetivo es financiar los vencimientos de deuda de las comunidades autónomas y a pagar directamente a sus proveedores.

El jefe del Ejecutivo fue contundente al afirmar que "ni un euro" de los fondos estatales sirvió para consumar el referéndum del independentismo. Con el ascenso amenazante de la formación naranja como trasfondo, Rajoy mantuvo un tono duro con Rivera, a quien reprochó que ataque "más al Gobierno que a quien debe criticar, a los responsables de la Generalitat de Cataluña". "¿Quién va a dimitir si se demuestra lo que sostiene el juez", replicó Rivera.

Poco después, el ministro Montoro socavaba la firmeza del presidente. En una conversación informal con los periodistas, el titular de Hacienda explicó que la afirmación de Rajoy se sustenta sobre las certificaciones semanales de la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, sobre el destino de los fondos estatales. Sin embargo, Montoro no descarta que la administración de la Generalitat haya podido engañar tanto a su propia interventora como al Gobierno al emitir facturas falsas, que se cargarían al Fondo de Liquidez y con las que se justificaría que el dinero era para otro fin. La operación requeriría la complicidad de proveedores de los departamentos del Govern.