El exdirector de los Mossos Pere Soler asumió ayer que hizo que se modificasen las actas de las actuaciones de los agentes a su cargo durante la jornada del 1 de octubre para evitar que quedase constancia de su inactividad e incumplimiento de las órdenes judiciales. Soler declaró ante la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en calidad de investigado por un posible delito de sedición junto al que fuera secretario general de Interior César Puig. Lamela retiró a ambos el pasaporte y los dejó en libertad con cargos, desoyendo la petición de la Fiscalía de imponerles sendas fianzas de 100.000 euros.

Pere Soler reconoció, según fuente judiciales citadas por Europa Press, algunos de los aspectos reflejados en los informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en los que se pone de manifiesto que los agentes de los Mossos debieron recibir órdenes directas para que no actuasen contra las personas que participaban en el referéndum y para que dejaran solos a los policías y guardias civiles en el caso de que intervinieran en los puntos de votación. Para maquillar esas directrices, fue necesario retocar las actas para dar la apariencia de que los agentes cumplieron con las órdenes judiciales que les instaban a impedir la apertura de los colegios.

En el auto de libertad, Lamela expone que tanto Soler como Puig formaron parte de una "correa de transmisión" para que la Generalitat tuviera el control de los Mossos el 1 de octubre. La jueza explica que en julio de 2017 hubo cambios en el Gobierno del entonces presidente Carles Puigdemont, con la sustitución de los consejeros que no asumían en sus totalidad las consecuencias de la deriva soberanista. En este contexto fueron nombrados Joaquim Forn y Pere Soler como consejeros del Interior y director de los Mossos, respectivamente, mientras que Puig continuó en el cargo que asumió en julio de 2015. Desde el primer momento, Soler mostró su disposición a desbordar los límites de la Constitución y a desobedecer la prohibición de que se celebrase la consulta independentista, sostiene Lamela a partir de diversas declaraciones y mensajes en la red del entonces responsable político de la policía catalana.