La prisión permanente revisable "no es una buena ley", carece de fuerza disuasoria y va contra algunos preceptos constitucionales. Estos argumentos sustentan el manifiesto de 106 catedráticos de Derecho Penal de todas las universidades públicas de España que piden la derogación de la ley que el PP introdujo en solitario en 2015. El manifiesto se hizo público la víspera de que hoy el Congreso debata la iniciativa del PNV de suprimir la prisión permanente revisable, a lo que se oponen los populares y Ciudadanos.
La pena introducida por el Gobierno compromete algunos de los valores fundamentales que configuran a España como sociedad democrática, sin conseguir que se eviten los delitos más graves, exponen los firmantes. La prisión permanente no disuade de la comisión de los delitos más graves en mayor medida que las severas penas preexistentes.
Los penalistas advierten que esa fórmula punitiva compromete seriamente la prohibición de penas inhumanas del artículo 15 de la Constitución, al abrir la posibilidad de un encierro de por vida y coloca el horizonte de libertad en un momento siempre muy lejano, que va de los 25 a los 35 años, según los supuestos, incierto y que no depende del comportamiento del condenado. La pena va contra el mandato de reinserción social por sus elevadas exigencias de prolongación del encarcelamiento efectivo, según el manifiesto de los catedráticos.
